América Latina y el Caribe enfrenta una doble urgencia. Por un lado, es una de las regiones más vulnerables al cambio climático, con pérdidas económicas que pueden llegar a superar 100 mil millones de dólares anuales para 2050 y, por el otro, 172 millones de personas todavía viven en situación de pobreza, lo que representa casi 30 por ciento de su población. En este contexto, México destaca como un actor clave en la región, no solo por el tamaño de su economía (la segunda más grande), sino también por su compromiso creciente con una agenda nacional de desarrollo sostenible.
Los organismos multilaterales de desarrollo también enfrentan una oportunidad histórica que se centra en acompañar a los países con herramientas financieras que no solo respondan a sus necesidades inmediatas, sino que también premien su compromiso con el desarrollo sostenible. Esto implica movilizar recursos internacionales, generar instrumentos flexibles y reconocer los esfuerzos que los Estados realizan para cumplir con sus metas climáticas y sociales.
Con ese espíritu, desde CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, desarrollamos hace dos años una nueva modalidad de financiamiento, los Préstamos Integrales Vinculados a Objetivos Climáticos y Sociales (Pivocs). México fue el primero en utilizar esa herramienta que busca ofrecer condiciones más favorables a aquellos países que avancen en objetivos concretos en su lucha contra el cambio climático y la reducción de las desigualdades y brechas sociales.
Los Pivocs pueden articularse tanto con proyectos de inversión específicos como con programas de apoyo a políticas públicas transversales. En ese sentido, si un país cumple con los indicadores acordados en materia ambiental o social, tiene acceso a una mejora en las condiciones financieras del préstamo correspondiente. En el caso mexicano, en marzo de 2024 el directorio de CAF, integrado por los ministros de Economía y Finanzas de los países miembros, aprobó una operación en el país por 300 millones de dólares para avanzar en el llamado “Programa de impulso de la Estrategia de Finanzas Sostenibles del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos”. El proyecto incorporó en ese momento dos indicadores clave, uno climático y otro social, para medir y mejorar las emisiones de gases de efecto invernadero, en un caso, y reducir el porcentaje de mujeres en situación de pobreza en el país, en el otro. Cada indicador tiene asociada una meta de desempeño a mediano o largo plazo que, a su vez, está alineada con los ODS de la Agenda 2030, y su cumplimiento puede contribuir a la reducción de hasta 30 puntos básicos en un periodo de hasta ocho años.
Todo esto demuestra que es posible diseñar instrumentos financieros que reconozcan los esfuerzos de los países, que se adapten a sus contextos regulatorios y que promuevan una agenda de desarrollo inclusiva y sostenible. Pero, a la vez, deja en claro que se necesita una nueva arquitectura financiera global que no solo mida riesgos, sino también capacidades, al tiempo que acompañe y permita a los países acceder a financiamiento justo, flexible y alineado con sus prioridades.
América Latina y el Caribe tiene todo para ser parte de la solución a los grandes desafíos del siglo XXI, condición que quedó demostrada durante la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo de la ONU, en Sevilla. Allí, desde CAF, proyectamos una vez más la voz de la región, posicionándola como un actor relevante en el concierto global. Para ello, participamos y llevamos adelante más de 40 eventos que incluyeron los encuentros UE-Celac para la cooperación birregional y de cara a lo que será la IV Cumbre entre ambos bloques, que tendrá lugar en noviembre en Santa Marta, Colombia, y con fondos árabes y países de la OPEP para la asociación Sur-Sur en áreas estratégicas como infraestructura y seguridad alimentaria.
Como parte de una institución, que se esfuerza en el crecimiento de los países, seguiremos trabajando para que cada uno de ellos pueda transformar sus compromisos en oportunidades, y sus desafíos en motores para garantizar el desarrollo sostenible.
