Ya sabemos que desde los tiempos del presidente Luis Echeverría el gobierno federal no destinaba tanto presupuesto a las Fuerzas Armadas como lo hace ahora Andrés Manuel López Obrador.
Hace un par de semanas advertimos que con el presupuesto de egresos para 2024 se pretendía dar alrededor del 3.6% del gasto federal al Ejército y a la Marina, y con su aprobación quedó de manifiesto la preocupación del régimen por congraciarse con las cúpulas militares con el fin de conseguir su respaldo ante situaciones de crisis en el actual sexenio y en el siguiente, por si las dudas.
Ese ánimo de congraciarse con los de verde olivo lo vimos también con la postura presidencial de no tocar a altos mandos castrenses involucrados en el Caso Ayotzinapa a pesar de que con ello López Obrador incumplió su compromiso público muy reiterado -y capitalizado electoralmente- de castigar a los responsables.
El poder cedido por López Obrador a las cúpulas militares ya prendió los focos rojos en el extranjero ante el reconocimiento de prácticas ilegales y regresivas.
Hace unas semanas la Organización No Gubernamental Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) emitió un reporte especial en el que advirtió que “la militarización sin controles civiles pone en riesgo derechos humanos en México”.
Tras hacer una investigación, WOLA confirmó que el Ejército en México, por ejemplo, no reporta todas sus detenciones al Registro Nacional de Detenciones, un instrumento creado en este mismo sexenio para -en teoría- garantizar los derechos humanos y eliminar las detenciones arbitrarias de parte de cualquier corporación policiaca o militar.
El informe advierte también de asesinatos realizados por militares (ejecuciones arbitrarias) en el actual sexenio y de la alteración dolosa de la escena del crimen para ocultar la responsabilidad de los uniformados en tales muertes sin que autoridad civil alguna se atreva a dudar de la versión castrense.
El no poner límites y dejar actuar sin controles a las Fuerzas Armadas podría ser, en el corto plazo, uno de los mayores desafíos no solo institucionales sino hasta de gobernabilidad de los últimos 50 años.
En una semana, más de la omnipotencia color olivo.
