Unos dirán que la decisión del gobierno fue para estar en línea con las intenciones de presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump; otros dirán que son medidas independientes y por iniciativa y soberanía mexicana; unos más señalarán que es para impulsar el sector, sus empresas y su empleo: lo cierto es que la medida es una más para tratar de hacer competitivo a quien difícilmente tiene intención de hacerlo.
Me refiero a la medida, es decir, al decreto para aumentar los aranceles a la importación de los sectores textil y confección. Restricciones como estas han sido recurrentes en sus alcances, pues desde inicios del siglo he escuchado y visto la imposición de medidas de protección en forma de cuotas compensatorias, la fijación de precios estimados de importación y la aplicación de salvaguardas. Estas disposiciones, cabe mencionar, no son exclusivas ni novedosas en México; aparecen como una tendencia mundial de protección para esos dos sectores.
Vemos cómo se fijan políticas contra insumos textiles y productos de vestir derivados de ellos. Todos, o casi todos, para no ser extremista, piden control en la producción y exportación de países como Vietnam, Bangladesh, China y otros tantos más, a los que se les señala que producen bajo esquemas de subsidios, con precios finales a los de los costos de producción e incluso bajo esquemas de explotación laboral, como recientemente escuché a representantes de un organismo estadunidense.
Lo cierto es que hablamos de un sector que se desempeña ―o quiere hacerlo― bajo un esquema de comercio administrado, no de libre comercio. Dame protección, pero a la vez fija estímulos para que sea competitivo y exportador. En términos de futbol, es querer solo defender la portería y olvidarse de que hay equipo rival y del otro lado de la cancha un espació para jugar y meter gol. Cuando inició el TLCAN, uno de los sectores más beneficiados fue justo el que ahora se protege, qué paradigma.
Esos son los argumentos generales detrás de un aumento a los aranceles, inicialmente con vigencia hasta abril de 2026, pero con riesgo de que se mantenga, como la tenencia vehicular en el entonces Distrito Federal, la cual sería solo para captar recursos en ocasión de los Juegos Olímpicos de 1968.
La imposición de aranceles de 15 a 35 por ciento fue iniciativa de forma unilateral y por presión de los representantes de los sectores mencionados, porque no hubo apertura ni diálogo con quien agrupa y representa a la parte exportadora, a la que si ustedes leen bien el decreto, se menciona, cuestiona y descalifica como responsable de la medida gubernamental. Siempre hay que señalar un chivo expiatorio y fijar un mismo rasero general, no por focalización.
Argumentos como buscar fomentar el desarrollo de la industria nacional, promover condiciones justas de mercado, evitar el contrabando técnico y prácticas que afecten al empleo y la competitividad, así como privilegiar el comercio con mercados con los que México tiene tratados comerciales, son las finalidades de las medidas decretadas.
Permítanme hacer comentarios en varias de esas metas. Sobre el contrabando técnico. Si bien puede haber empresas que emplean el programa Immex (Industria Maquiladora, Manufacturera y de Servicios de Exportación) para sus importaciones temporales de insumos textiles, si no regresan al menos 80 por ciento de esas importaciones, puede ser que estén entrando por una fracción arancelaria, pero salen del país a través de otra clasificación, como un producto final no textil. Pienso, por ejemplo, en textiles que se internan pero se convierten en cubrebocas y batas de uso médico. Ahora bien, es más fácil vigilar a 375 unidades que operan con programa Immex y dan empleo a poco más de 101 mil personas que impedir su importación general: el problema de origen, estimo, es la mala fiscalización desde su internación por las aduanas.
Para el tema e comercio y mercados, a los que les gustan las siguientes cifras relacionadas con las empresas bajo programa Immex: fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir: 55 establecimientos con 14 mil 162 personas; fabricación de prendas de vestir: 244 unidades con 58 mil 302 trabajadores, y fabricación de insumos y acabados textiles: 76 y 28 mil 811 personas ocupadas. Sus exportaciones, calculadas con datos de Inegi por los ingresos provenientes del mercado extranjero que obtuvieron los establecimientos manufactureros con programa Immex, fueron en el periodo enero-septiembre de este año 2 mil 430 millones de dólares.
En esas empresas y montos seguramente está lo señalado por las cámaras textil y del vestido respecto a que uno de cada tres pantalones comercializados en Estados Unidos fue producido en México y de que la industria textil es el cuarto exportador a EU y el sexto en productos confeccionados. En otras palabras, seguro son empresas operando con programa Immex a las que habrá de darles el mérito. No será extraño saber que marcas representativas en la moda son elaboradas en distintas partes de nuestro país, en establecimientos en los estados de la frontera norte, pero también en el sureste del país, como Yucatán, donde requieren accesorios con material textil que son prácticamente solo elaborados en países asiáticos y además definidos por los corporativos con el mismo proveedor mundial. Además existen proyectos ―médicos, automotrices, decoración, uniformes especializados, etcétera― que utilizan textiles.
No quiero que estos comentarios se interpreten contrapuestos a avalar cualquier esfuerzo que se haga para evitar prácticas comerciales ilícitas que afecten la producción y la creación de empleos en nuestro país; a lo que voy es que siempre debe apelarse por el equilibrio de la balanza, donde se ubican las empresas exportadoras, que en sus procesos requieren de productos de la cadena textil-confección. Eso implica revisar con anticipación, apertura y diálogo con todas las partes involucradas, en este caso la Secretaría de Economía, las instancias aduaneras y fiscales debieron escuchar a los representantes de la cadena textil-confección, pero también a quienes representan el programa Immex. Hay que tomar en cuenta que a diferencia de lo que señala el decreto, son más las entidades que se pueden beneficiar, no solo los estados de Puebla, de México, Hidalgo, Coahuila, Guanajuato y Jalisco; habrá otros estados y ciudades que se verán afectadas negativamente con las nuevas políticas.
Puede ser ―esperemos que no― que con medidas definidas para los productos textiles y de vestir, compañías bien establecidas comiencen a señalar reestructuras de procesos, ver que se ahuyentan las inversiones nuevas y las reinversiones y algunos corporativos evalúen trasladar la producción exportadora a otros países.
No olvidemos el mercado interno. Como en el caso de las propuestas iniciales de Trump por aplicar aranceles a diestra y siniestra, se puede traducir el aumento de aranceles en incremento de costos y pasar a los precios finales, generando pérdida de demanda, menor competitividad y, eventualmente, ajustes a producción, empleo y ahuyentar la relocalización por lo atractivo del nearshoring. Otro riesgo que se queda latente es que se apliquen medidas similares a más sectores que reclamen protección: pienso en acero, plásticos, juguetes y calzado, entre otros, que insistan en cerrar las fronteras comerciales y exijan medidas más restrictivas para los programas Immex.
Para terminar, unas preguntas al margen de los datos y considerados que se manejaron para el decreto: ¿cómo es que en el comercio informal se ven productos textiles y de ropa, en su mayoría similares en precios y diseños? ¿No es más fácil que las autoridades rastrearan los puntos y las redes de importación, la logística de traslado y los canales de distribución y venta? ¿Realmente pueden en México los productores de textiles-confección proveer todo lo que requiere el mercado mexicano y además exportar? Hay mucho que replantear y en que trabajar.
