Por primera vez en la historia el pueblo mexicano votará a las autoridades judiciales. Un hecho poco común en las distintas democracias del mundo.
Fruto de la reforma, se ordena la renovación total del Poder Judicial de la Federación (PJF) mediante elecciones populares, incluyendo la SCJN, los tribunales electorales, el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, magistrados de circuito y jueces de distrito.
Sin embrago la ruta ha sido sinuosa y compleja. Ayer domingo iniciaron las campañas. Competirán cerca de 3 mil 400 candidatos para renovar cargos del poder judicial incluidos los de 9 de los 11 miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En el caso del Estado de México, se elegirán 91 cargos del Poder Judicial. Sin embargo, desde la aprobación de la reforma hasta la organización del proceso electoral, los episodios han sido farragosos. Los partidos políticos de oposición, muchos magistrados, jueces y trabajadores del poder judicial se han atrincherado para resistir y prevalecer privilegios.
Todo el proceso ha estado contaminado. El trayecto jurídico y político se quiso mostrar como sucio y viciado. La oposición y el actual poder judicial pretendieron impugnar la reforma constitucional y las elecciones, y así lograr su anulación.
Los grandes medios televisivos fueron opuestos a la reforma y la elección. Deplorablemente han sembrado desconfianza y sus columnistas han contribuido a la incertidumbre, contaminando una oportunidad excepcional para fortalecer la democracia participativa.
El INE estima una participación ciudadana de entre 8% y 15% en las elecciones judiciales del 2025, un nivel similar al de consultas previas promovidas por el gobierno federal. Lo cual es bajo para la legitimidad a la que se aspira.
Los sistemas democráticos se desarrollan sobre la existencia de mecanismos e instrumentos de participación ciudadana. Cuanto más alto es el nivel de participación ciudadana en los procesos políticos y sociales de un país, mayor legitimidad tiene el ejercicio del poder. Sin la participación ciudadana, la democracia se debilita; es decir, pierde su representatividad.
El gobierno federal y los estatales, están imposibilitado a promover la participación electoral. El proceso se jugará principalmente en las redes digitales.
Lamentablemente como antecedente, las consultas han tenido muy pobre participación. El juicio a ex presidentes, agosto 2021, apenas alcanzó 6.85 % y la revocación de mandato, abril 2022, alcanzó 18.19 %. Después de todas las vicisitudes sería calamitoso un bajo porcentaje de participación que demeritaría la legitimidad de la iniciativa. Por ello, considero determinante el papel de los medios y sistemas públicos en el proceso.
