El reciente decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) sobre la reforma el segundo párrafo del artículo 19 constitucional, en materia de prisión preventiva oficiosa, ha generado un intenso debate, especialmente en las redes sociales. En Morena, los diputados defendemos esta medida, por considerarla una herramienta esencial para garantizar justicia y seguridad. Por el contrario, la oposición del PRI y el PAN la ha criticado ferozmente, argumentando que viola derechos humanos y la presunción de inocencia. La postura del PRIAN es profundamente hipócrita, considerando que fueron estos mismos partidos quienes promovieron la medida durante sus gobiernos, en los cuales las violaciones a derechos humanos y abusos de autoridad eran recurrentes.
Durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la prisión preventiva oficiosa se amplió como parte de una estrategia punitivista que priorizó el encarcelamiento sobre la justicia social. Esta política no solo fracasó en reducir la violencia, sino que además fomentó encarcelamientos injustos, afectando principalmente a las personas más pobres. Contario a lo que hicieron los gobiernos del PRIAN, y para reparar estas injusticias el expresidente Andrés Manuel López Obrador impulsó la Ley de Amnistía, como medida para liberar a quienes habían estado injustamente en la cárcel, que eran inocentes o fueron víctimas de tortura.
La oposición, que antes defendía la prisión preventiva oficiosa como una solución clave en sus gobiernos, ahora se erigen como supuestos abanderados de los derechos humanos, buscando desvirtuar la medida, cuando jamás se han preocupado por el Pueblo de México. Es algo irónico que quienes critican la prisión preventiva oficiosa desde una supuesta defensa de los derechos humanos hayan dejado un legado de violaciones sistemáticas en este ámbito y nunca se preocuparon de garantizar la justicia.
Los opositores argumentan que la prisión preventiva oficiosa contradice la presunción de inocencia, limita la independencia judicial y viola compromisos internacionales. No obstante, estos señalamientos ignoran que la medida no prejuzga culpabilidad, sino que busca garantizar que los procesos judiciales se desarrollen sin riesgos de fuga o manipulación. Además, el catálogo de delitos aplicables es definido por el Congreso, ofreciendo criterios claros y objetivos que refuerzan la imparcialidad los jueces en casos graves, lejos de anular su independencia.
Para finalizar, otra de las críticas recurrentes de los opositores es la disposición final de la reforma, que exige la aplicación literal de las normas, prohibiendo interpretaciones que puedan modificar, suspender o anular sus términos. Esto, lejos de ser una debilidad, es un mecanismo diseñado para evitar discrecionalidades que beneficien a quienes tienen recursos o influencias para manipular el sistema judicial.
En su ataque contra la prisión preventiva oficiosa, la oposición ha recurrido a la desinformación y al doble discurso, ignorando los retos que enfrenta el país en materia de seguridad. Su hipocresía no solo subestima la inteligencia del Pueblo de México, sino que también revela una falta de compromiso con la justicia y la protección de las víctimas. La oposición está atrapada en su propia contradicción, y sigue demostrando que su prioridad no es el bienestar de los mexicanos, sino sus propios intereses.
