El tema de la seguridad nacional es uno de los temas más álgidos y que ocupan de una mayor discusión en la esfera de la cuestión pública. A partir de la militarización de la seguridad pública y la constante devaluación en el ejercicio de la procuración de justicia de nuestro país, se muestra una dramática ausencia de rumbo en las políticas públicas por parte del Estado.
Con el inicio de este año 2021, la presente administración ha puesto este tema sobre la mesa y esto se desprende a partir de la arbitraria detención del general Salvador Cienfuegos Zepeda, acusado de tráfico de drogas y corrupción, ocurrida el pasado mes de octubre en el aeropuerto de Los Ángeles, California y que da cause al impulso de una nueva ley que frena el papel de los agentes extranjeros en México.
La ley de Seguridad Nacional en el fondo no busca atender el tema de seguridad pública sino cobrarse viejas facturas. Esta ley tiene una clara dedicatoria para enfrentar los intereses de los Estados Unidos ya que ordena a los funcionarios locales, estatales y federales de México que informen al gobierno federal sobre cada llamada telefónica, reunión o comunicación con un agente extranjero dentro de los tres días posteriores a su ocurrencia. Los agentes extranjeros deben dar a conocer al gobierno cualquier información que obtengan y proporcionar reportes mensuales de sus actividades. Además, elimina la inmunidad diplomática con la que estos agentes operaban.
Son dos las razones que motivan el origen de la ley de Seguridad Nacional. Una es la inadvertida detención del general Salvador Cienfuegos; y la segunda es el operativo “Rápido y Furioso” que permitió el acceso de armas con censores a México y se les diera seguimiento, y así, supuestamente aprender a delincuentes durante la administración de Felipe Calderón. Estos dos hechos motivaron a que el Presidente López Obrador se manifestara contra la presencia de los agentes extranjeros en territorio mexicano y acusó a la DEA de ser una agencia deshonesta que pisotea la soberanía mexicana y que sólo han agravado el ambiente de violencia en nuestro país.
La DEA es una agencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos encargada de investigar delitos de orden federal relacionados con la producción, transporte y consumo de drogas. En México, la DEA mantiene oficinas en Tijuana, Ciudad Juárez, Nogales, Hermosillo, Monterrey, Matamoros, Mazatlán, Guadalajara, Mérida y Ciudad de México. La mayoría de estas oficinas, normalmente establecidas en los consulados estadunidenses, se fundaron en la década de los años setenta y continúan activas. Actualmente están abandonando sus posiciones 40 agentes de los 50 que formalmente la agencia antidrogas tiene operativos en el país.
El impacto de esta ley va más allá del tema de seguridad, ya que podría limitar la actuación de los agentes de aduanas norteamericanos en la certificación de empresas mexicanas de exportación, generando un duro impacto en la competitividad de las compañías nacionales dedicadas al comercio exterior. Sin duda, esta ley también va a afectar la relación comercial con Estados Unidos.
