En Hidalgo se acaba de aprobar la reforma política al Poder Judicial. Con ello, se cumple con lo establecido en el decreto publicado el 12 de septiembre, mediante el cual se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia judicial, fijando un plazo de 180 días para su implementación.
Cabe señalar que cada entidad federativa tenía libertad configurativa para adecuar la reforma de acuerdo con su propia visión estatal.
Por ello, es relevante destacar la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo del estado, en la que se plantea que la renovación total de los cargos de elección del Poder Judicial en Hidalgo se lleve a cabo junto con el proceso electoral ordinario de 2026-2027. En dicho proceso se elegirán la totalidad de los magistrados y magistradas del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Disciplina Judicial, así como los jueces y juezas del fuero común.
Esta medida es significativa, ya que permitirá que, a partir de la elección del Poder Judicial de este año -que se llevará a cabo a nivel federal y en 18 entidades-, se puedan adecuar, perfeccionar y mejorar los procedimientos relacionados con la organización de una elección que, por su propia naturaleza, es compleja.
Examen de opinión a quien aspire
También es importante destacar la experiencia en materia jurídica del Poder Ejecutivo, reflejada en la iniciativa aprobada, la cual establece la realización de un examen de oposición para garantizar la competencia judicial, algo que no contempla la reforma federal.
Este aspecto es clave a nivel local, ya que, previo a la elección popular, las personas candidatas deberán someterse a dicho examen con el propósito de asegurar que quienes aspiren a integrar el Poder Judicial en Hidalgo cuenten con los conocimientos y competencias suficientes para ejercer la función judicial.
Con ello, se deja claro que en Hidalgo no basta con ganar una elección, sino que, previamente, se debe demostrar la capacidad profesional de quienes aspiran a ocupar estos cargos.
Que implica el examen de oposición
La propuesta de implementar un examen de oposición puede contribuir a que las personas candidatas cuenten con la formación técnica y la capacidad necesarias para tomar decisiones justas y fundamentadas, independientemente de sus preferencias políticas o popularidad.
Este proceso permitirá preservar la calidad técnica del sistema judicial, garantizando que las personas juzgadoras estén debidamente preparadas para interpretar y aplicar la ley con imparcialidad y eficacia. Además, establecerá un mecanismo de control objetivo sobre las aptitudes de los postulantes, reduciendo el riesgo de que personas sin la preparación adecuada accedan a un cargo de tanta relevancia.
