Uno de los avances más importantes en la garantía de los derechos políticos-electorales ha sido el voto de las personas en prisión preventiva, entendido como el derecho que tienen aquellas personas que se encuentran a la espera de una sentencia definitiva y que están dentro de algún centro penitenciario.
Sin embargo, el Consejo General del INE aprobó determinar la inviabilidad de que las personas en prisión preventiva puedan ejercer su derecho al sufragio en las elecciones del Poder Judicial de la Federación, debido a la insuficiencia presupuestaria, ya que no existen las condiciones financieras, operativas ni técnicas para llevar a cabo este importante ejercicio.
Cabe mencionar que, de acuerdo con los datos disponibles, hay aproximadamente 92,792 personas en prisión preventiva en 282 centros penitenciarios ubicados en alguna de las 32 entidades federativas del país.
Además, es importante recordar que este ejercicio también se realiza mediante el voto anticipado.
Este derecho de las personas en prisión preventiva está contemplado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En su artículo 20, señala que dentro de un proceso penal es derecho de toda persona imputada la presunción de inocencia, hasta que no se demuestre lo contrario, es decir, hasta que se le dicte una sentencia. Mientras no esté claro su grado de responsabilidad, la persona detenida y sin sentencia tiene derecho al voto.
Sobre la instalación de casillas
Cabe recordar que se tiene prevista la instalación de prácticamente la mitad de las casillas electorales. En la elección presidencial de 2024 se instalaron más de 172 mil casillas, y para la elección del Poder Judicial, se prevé la instalación de más de 84 mil casillas (para más de 600 millones de boletas).
Sin duda, este es uno de los retos más importantes para los organismos electorales, pero sobre todo para la democracia mexicana, ya que se requieren recursos económicos para habilitar el mayor número de casillas posible, favoreciendo así la participación electoral.
Esta participación depende de diversos factores, como los operativos y logísticos (por ejemplo, el número y la ubicación de las casillas), así como el nivel de cultura política de la sociedad. También influyen la incentivación de la participación de los diferentes actores políticos, el trabajo y perfil de las candidaturas, las actividades de los organismos electorales y la adecuada circulación de la información.
