Durante la semana, el debate público no se centró en las campañas relacionadas con el Poder Judicial. Otro temas que estuvo sobre la mesa fue el relativo a los criterios emitidos por el Consejo General del INE para regular la promoción y difusión de la elección del Poder Judicial.
En estos lineamientos se clarificó que el INE “es la autoridad del Estado mexicano que cuenta con las atribuciones exclusivas para la ejecución de actividades tendientes a la promoción del voto y de la participación ciudadana en el contexto del actual proceso electivo”. En ese sentido, se aclara que ni ministros de culto ni otras instituciones públicas o entes gubernamentales podrán realizar dicha promoción o difusión. Lo anterior se establece considerando que, en su caso, el INE podrá celebrar convenios para que la propia autoridad electoral lleve a cabo actividades de promoción o difusión en los espacios de otras autoridades. Esta determinación, a decir de algunos actores políticos, será impugnada.
Lo cierto es que, una vez que concluya esta inédita elección, se abrirá el debate sobre cómo favorecer la participación ciudadana sin que se involucren los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Además, será necesario realizar un análisis y retroalimentación de los resultados de este proceso electoral en temas como: el número de candidaturas por cargo, quiénes pueden participar y cómo hacerlo. También será pertinente retomar propuestas, como la de Hidalgo, en la cual quienes aspiren a un cargo en el Poder Judicial deben presentar un examen de oposición. Deberá definirse quiénes pueden participar en la promoción y difusión de la elección del Poder Judicial, ya que, derivado de los criterios establecidos para garantizar la equidad e imparcialidad de esta elección, algunos poderes mostraron inconformidad por no poder difundirla (los partidos políticos tampoco pueden fungir como promotores). Esto, evidentemente, formará parte de los análisis posteriores, sobre todo porque debemos tener presente que, si bien las candidaturas no provienen de partidos políticos, formalmente son propuestas de los tres poderes. Esto nos lleva a una disyuntiva: ¿deben los poderes promover sus candidaturas como si fueran partidos políticos? ¿O debemos dotar de mayores elementos, recursos y herramientas a los organismos electorales para que puedan dar mayor difusión a esta elección?
Esto resulta aún más relevante si consideramos que, para el año 2027, a nivel nacional —y en específico en Hidalgo— prácticamente estaremos renovando el Poder Judicial y el Legislativo, además de los 84 ayuntamientos. Un año después, se renovará el Poder Ejecutivo.
El reto mayúsculo para Hidalgo lo enfrentaremos en 2027 y 2028, cuando, por primera vez, los tres poderes serán electos mediante votación popular.
Por ello, desde este espacio hacemos un llamado a la ciudadanía para que salga a votar este 1 de junio. Algo debe quedar claro: no debemos alejarnos de las urnas. Hay que ejercer nuestros derechos políticos. En una democracia representativa, en la que las votaciones son el mecanismo para elegir quién nos gobierna, quién nos representa y, ahora también, quién imparte justicia, votar —y hacerlo de manera libre, informada y razonada— es fundamental.
La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (art. 506):
1. Los partidos políticos y las personas servidoras públicas no podrán realizar ningún acto de proselitismo o manifestarse públicamente a favor o en contra de candidatura alguna. Queda prohibido el uso de recursos públicos para fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de elección de personas integrantes del Poder Judicial, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución.
2. Las personas juzgadoras en funciones que sean candidatas a un cargo de elección deberán actuar con imparcialidad, objetividad y profesionalismo en los asuntos que conozcan, por lo que deberán abstenerse de utilizar los recursos materiales, humanos y financieros a su cargo con fines electorales.
Después de 5 días de campaña del proceso electoral extraordinario del poder judicial, se deben abordar los criterios aprobados por el INE para garantizar la equidad e imparcialidad de las campañas, sobre todo por el papel y la importancia que tendrán los medios de comunicación, así como las instituciones de educación superior, organizaciones civiles u organismos gremiales.
