Días antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos (EU) del año pasado, Donald Trump subió al escenario en un hangar de aviones en Albuquerque, Nuevo México, y arremetió contra los inmigrantes indocumentados, asegurando que provenían de prisiones y manicomios, y llamándolos “asesinos”, “drogadictos” y “pandilleros”.
Once meses después, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está en camino de convertirse en la agencia policial más grande del país, con miles de millones de dólares destinados a cumplir la ambiciosa meta de deportación de la administración. Pero para deportar personas, el ICE necesita trasladarlas. Y para eso, necesita aviones.
El hangar donde Trump lanzó aquel discurso pertenece a CSI Aviation, una empresa que gestiona vuelos chárter privados (servicio de transporte aéreo en el que se alquila una aeronave completa para un propósito específico) para el gobierno federal. Hoy, tanto CSI como las aerolíneas que contrata se encuentran en una posición privilegiada para capitalizar su presidencia.
CSI, que recibió 4 mil dólares por organizar aquel mitin, es el eje de un sistema privado multimillonario encargado de transportar a miles de inmigrantes en decenas de vuelos diarios entre centros de detención y países extranjeros. En lugar de crear su propia flota, el ICE depende de esta red.
La creciente demanda de transporte aéreo de inmigrantes ha resultado especialmente rentable para aerolíneas chárter privadas como GlobalX y la aerolínea de bajo costo Avelo, que obtienen millones de dólares con estos vuelos y, en algunos casos, logran revertir crisis financieras que amenazaban su supervivencia. En un memorando interno obtenido por el Financial Times (FT), Avelo definió los vuelos de ICE como “demasiado valiosos como para ignorarlos”.
Detrás de este negocio hay años de cabildeo, aportaciones a campañas y conexiones políticas. Allen Weh, director de CSI, fue nombrado por Trump durante su primer mandato como asesor en una junta del Pentágono, mientras que su hija participó en los intentos por revertir la derrota electoral de 2020.
Y lo que viene promete aún más. El próximo año fiscal, la división de Operaciones de Detención y Deportación (ERO) del ICE, que hoy maneja un presupuesto de 721 millones de dólares (mdd) para transporte y deportaciones, recibirá un impulso sin precedentes: el nuevo presupuesto de Trump prevé 3 mil 600 mdd adicionales al año, seis veces más que el gasto actual y cuatro veces lo solicitado por la propia agencia.
“La gente eligió al presidente Trump para llevar a cabo la mayor operación de deportación masiva de la historia”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson. “El gran proyecto de ley proporcionó los fondos necesarios, y la administración seguirá deportando inmigrantes ilegales delincuentes de la manera más eficiente posible”.
Para expertos como Dan Weiner, del Centro Brennan, esta “bonanza del gasto” abre la puerta a conflictos éticos. “Habrá muchísimos contratistas privados compitiendo por ventaja”, advirtió. “Los incentivos para congraciarse con quienes ostentan el poder son enormes”.
Los relatos de pasajeros y personal de ICE Air describen un sistema caótico y desorganizado. Los detenidos viajan encadenados en vuelos largos, con escasas pausas para comer o usar el baño, lo que ha generado preocupaciones de seguridad entre auxiliares de vuelo. Además, aviones militares refuerzan las operaciones privadas, y alguaciles aéreos federales —habitualmente asignados a vuelos comerciales— han sido desplazados para garantizar la seguridad de las deportaciones.
“Creo que 98 por ciento de la gente pensaba que estaba terriblemente administrado e insostenible”, reconoció un alguacil al FT.
el dato5 mil 100 vuelos han sido realizados
Por ICE Air desde que Trump asumió la presidencia.
La aerolínea secreta de EU
Desde el 20 de enero, cuando Trump asumió nuevamente la presidencia de EU, el ICE ha utilizado al menos 110 aviones en más de 5 mil 100 vuelos para transportar detenidos por todo EU y al extranjero.
Tom Cartwright, exejecutivo de JPMorgan y hoy activista de inmigración, ha rastreado estas operaciones desde 2019. Sus datos —más de 40 mil vuelos— confirman el repunte: de un promedio de 600 vuelos al mes, se ha pasado a más de mil en los últimos meses.
La mayoría son vuelos nacionales, coordinados desde cinco centros principales en Arizona, Texas, Luisiana y Florida, pero con operaciones en más de 120 aeropuertos. Un análisis del FT muestra que la mitad de los detenidos fueron trasladados al menos dos veces entre centros, con más de 100 mil movimientos superiores a 400 kilomentros entre enero y julio.
“ICE trata a EU como si fuera una gran cárcel que puede usar a su discreción”, criticó Heidi Altman, vicepresidenta de políticas del Centro Nacional de Derecho de Inmigración.
Los propios alguaciles describen un sistema al borde del colapso: listas de pasajeros equivocadas a diario, personas trasladadas tantas veces que se pierde el rastro de ellas. “No saben dónde están los cuerpos. Los mueven tanto por todo el país que no pueden seguirles el ritmo”, dijo uno de ellos.
Los vuelos internacionales también han crecido, impulsados por un fallo de la Corte Suprema de EU en junio, que permite deportar a detenidos a países distintos de su lugar de origen. Solo en el primer semestre, más de 750 personas fueron enviadas a un país que no coincidía con su ciudadanía, según datos de ICE. La mitad terminaron en México o Canadá, y el resto en lugares como El Salvador, Colombia o Sudán del Sur. Deportaciones semanales también salen hacia México, Guatemala y Honduras.
Todo esto ocurre bajo un velo de secretismo. El ICE ha resistido los intentos de divulgar detalles de su programa mediante solicitudes de información pública, y suele blindar documentos en tribunales cerrados. Sus aviones están excluidos de algunos registros de vuelo, lo que deja gran parte del funcionamiento de esta aerolínea en las sombras. Lo poco que se conoce proviene de los testimonios de quienes han estado dentro.
Un intermediario amigable
Antes de 2010, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, dependiente del Departamento de Justicia, se encargaba de transportar a inmigrantes detenidos en nombre del ICE. Sin embargo, la agencia tuvo dificultades para cubrir la creciente demanda, por lo que la administración de Barack Obama optó por contratar vuelos chárter privados para las deportaciones.
En 2024, CSI Aviation, propietaria de un hangar en Nuevo México, obtuvo el contrato de vuelos chárter de ICE por un valor de 3 mil 600 mdd a cinco años. El acuerdo quedó en suspenso tras una impugnación legal presentada por una empresa rival, y desde febrero CSI opera con un contrato provisional. Hasta ahora, este negocio ya le ha generado ingresos por 319 mdd.
Allen Weh, fundador y director ejecutivo de CSI, es una figura influyente en la política republicana de Nuevo México desde hace más de una década. Expresidente del partido estatal y candidato fallido al Senado, Weh ha aportado cientos de miles de dólares a campañas republicanas en los últimos años, incluidas donaciones de 150 mil dólares a un comité conjunto vinculado a Donald Trump y de 110 mil dólares al Comité Nacional Republicano en septiembre, según registros de financiamiento electoral.
Documentos entregados al Senado muestran que CSI también contrató cabilderos para representar sus intereses ante el Congreso, con un gasto de 50 mil dólares en el trimestre más reciente en temas relacionados con el “transporte de inmigración”.
Durante la campaña presidencial de 2016, Weh participó en mítines en apoyo a la ofensiva migratoria de Trump. “¿Fronteras abiertas? ¿En serio?”, dijo en un evento entre vítores de la multitud. “Si cruzas la frontera ilegalmente, necesitas ser expulsado”. En 2020, Trump lo nombró miembro de la Junta de Negocios de Defensa del Pentágono, un panel asesor del sector privado.
el datoCiento diez aviones
Han sido utilizados en operaciones de deportación dentro y fuera de EU.
Su hija, Deborah Weh Maestas, exejecutiva de CSI, también presidió el Partido Republicano Estatal. De acuerdo con la fiscalía local y un comité del Congreso, fue una de las “electoras falsas” que intentaron revertir la derrota de Trump en 2020. Aunque no fue acusada, Trump anunció antes de dejar el cargo su intención de nombrarla para el Consejo de Exportación del Presidente, un panel asesor sobre comercio internacional. Ni CSI Aviation ni los Weh respondieron a las solicitudes de comentarios.
En mayo, legisladores demócratas de alto rango del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes pidieron información a Allen Weh sobre las operaciones de CSI, alegando “condiciones peligrosas” en los vuelos. La compañía respondió que su papel era “estrictamente operativo” y conforme a la ley, y remitió las preguntas al ICE y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), según cartas obtenidas por FT. El ICE declinó comentar y el DHS no respondió.
Las aerolíneas sacan provecho
ICE Air representa un negocio millonario para las aerolíneas contratadas. Más de la mitad de los vuelos de 2025 fueron subcontratados a GlobalX, una aerolínea chárter privada que ha utilizado 11 aviones para operar más de 3 mil 800 vuelos dentro y fuera de EU.
Fundada en 2019 por el veterano ejecutivo Ed Wegel, GlobalX empezó en 2022 con apenas seis aviones y un contrato con la Asociación Nacional de Atletismo Universitario (NCAA, por sus siglas en Inglés). Tras adquirir las operaciones gubernamentales de un competidor en dificultades, en 2024 ya había realizado 5 mil 300 vuelos para ICE, que representaban 40 por ciento de sus ingresos.
El programa de ICE Air permitió a GlobalX pasar de pérdidas a utilidades. Un análisis del FT de sus resultados del segundo trimestre revela que ICE representa ahora 58 por ciento de su negocio. En una llamada con analistas en agosto, el presidente y director financiero Ryan Goepel afirmó: “Creemos que hay demanda para muchos más pasajeros”. GlobalX declinó hacer más comentarios.
Avelo es la única aerolínea de pasajeros que también trabaja para ICE. Creada en 2021 a partir de lo que antes fue Casino Express —una línea de bajo costo hacia Las Vegas—, ha expandido rápidamente su participación en vuelos de deportación mientras su operación comercial enfrenta dificultades.
La compañía no logró ganancias en sus primeros cuatro años. A inicios de este año intentó recaudar capital con apoyo del banco de inversión Jefferies, pero la iniciativa —conocida internamente como Proyecto Maverick, en referencia al personaje de Top Gun— generó escaso interés.
“Uno de nuestros grandes desafíos es que gastamos más en entregar nuestro producto de lo que recibimos de los clientes”, reconoció el fundador y CEO Andrew Levy en una carta a empleados obtenida por el FT. Explicó que la compañía recurre a los contratos de ICE para “ayudar a estabilizar nuestras finanzas y mantenernos en la ruta de crecimiento”.
Avelo ha ampliado su negocio de deportaciones al tiempo que recorta operaciones comerciales. En julio anunció el cierre de su base en el aeropuerto de Burbank, en el condado de Los Ángeles. Este año ha operado al menos 568 vuelos de inmigración con tres Boeing 737 desde la base de ICE en Mesa, Arizona. Los aviones fueron repintados de blanco para eliminar cualquier rastro de la marca comercial de la aerolínea.
En junio, un pequeño grupo de manifestantes se reunió frente a las oficinas de Jefferies en Manhattan, para exigir un boicot contra Avelo. “Este no es el EU que conozco”, dijo Diane Sidikman, de 91 años.
Ante la solicitud de una entrevista, Avelo respondió con un comunicado que consideró “suficiente para cualquier entrevista”. En el texto afirmó: “Independientemente de la administración o la afiliación partidista, como aerolínea estadunidense, cuando nuestro país llama y solicita asistencia, nuestra práctica es decir que sí”.
Dos exempleados aseguraron al FT que fueron despedidos tras negarse a participar en vuelos de ICE por motivos morales y de seguridad. “Mi jefe me preguntó: ‘¿Se niega a realizar estos viajes en el futuro? De ser así, debemos hablar sobre su permanencia en la empresa’”, relató un auxiliar de vuelo que participó en dos vuelos chárter de ICE. Seis meses después, fue despedido.
el dato721 mdd es el presupuesto actual
De transporte y deportaciones del ICE.
Un sistema bajo tensión
Hay señales de que la prisa del gobierno por acelerar las deportaciones está sobrecargando a sus contratistas. En junio, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) comenzó a desplegar alguaciles aéreos federales en vuelos de deportación operados por empresas privadas. Estos agentes, cuya presencia aumentó tras el 11-S, suelen trabajar de forma encubierta en vuelos comerciales para prevenir atentados o secuestros.
Documentos revisados por FT muestran que la TSA acordó asignar entre 100 y 250 alguaciles aéreos en turnos de 60 días en las bases de ICE Air. “Los están convirtiendo en auxiliares de vuelo”, criticó Sonya LaBosco, directora ejecutiva del Consejo Nacional de Alguaciles Aéreos, que representa a los oficiales.
Un agente que recién había terminado una rotación contó al FT que a él y a sus colegas se les sugirió “ofrecerse voluntariamente ahora”.
Al llegar a un centro de operaciones de ICE, el alguacil notó que los contratistas estaban al límite. “Trabajan siete días a la semana”, relató. “Algunos se veían desanimados. Todos lo estábamos, después de 24 o 30 horas seguidas de trabajo. Y al bajar de los vuelos, les decían que tenían que volver en cuatro horas”.
El agente, que pidió no ser identificado, se quejó de que fueron apartados de sus labores habituales para cubrir tareas propias de los contratistas. “Cargamos comida y agua, descargando basura, revisando si hay piojos, encadenando a la gente y quitándoles las cadenas”, dijo. También señaló que muchos vuelos iban medio vacíos: “Es extraño recorrer Centroamérica y ni siquiera llenar el avión. No es rentable”.
La TSA defendió su decisión. “Nuestros alguaciles aéreos desempeñan un papel crucial en la seguridad nacional, proporcionando resguardo a bordo en las misiones de deportación de ICE ERO”, declaró un portavoz. “Este apoyo no afecta a otras prioridades, como la protección de los vuelos comerciales”. La agencia reconoció un “pequeño número de casos” de agentes que trabajaron jornadas extendidas y aseguró que trabaja con ICE “para brindar atención y recursos a nuestro personal mientras cumplen esta misión crítica”.
Un funcionario del Comando de Transporte de EU confirmó que las fuerzas armadas “apoyan al Departamento de Seguridad Nacional con transporte aéreo militar cuando se solicita”, mientras que otro funcionario del Pentágono indicó que el Departamento de Defensa cubre los gastos en nombre de ICE. La Guardia Costera no respondió a solicitudes de comentarios.
Los vuelos suelen hacer escala en múltiples centros de detención para recoger pasajeros antes de partir al extranjero, lo que alarga considerablemente los trayectos. Entre enero y julio se realizaron 666 escalas, un aumento de 79 por ciento frente al mismo periodo de 2024.
el datoTres mil 600 mdd es el presupuesto
De deportaciones para el próximo año fiscal
“Hubo jornadas de unas 30 horas”, recordó el alguacil. “No dormimos nada, salvo en el último tramo de regreso”.
Este año se han contabilizado al menos 60 itinerarios con múltiples escalas de más de 10 horas, sin contar el vuelo de retorno. En todo 2024 solo se registraron 16.
El Manual de Operaciones Aéreas del ICE de 2024 exige que los detenidos permanezcan esposados, con cadenas en la cintura y grilletes en los pies durante todo el vuelo. Establece que se entregue un sándwich y un refrigerio, y comidas adicionales en viajes de más de 10 horas.
“Algunas personas estuvieron encadenadas durante 20 horas antes de liberarse”, dijo el mariscal aéreo. “Pasan horas sin poder ir al baño; solo se les permite cada cuatro o seis horas. Estaban irritados, igual que yo”.
El manual también señala que los detenidos serán atendidos por guardias privados, no por auxiliares de vuelo. El exauxiliar de Avelo despedido por expresar sus preocupaciones aseguró que, tanto el personal de ICE como los guardias, ignoraban sus instrucciones de seguridad.
“Todas las alarmas me sonaban”, explicó. “Cuando te formas como auxiliar de vuelo, la prioridad es la seguridad. Debes evacuar un avión en 90 segundos, y me quedó claro que aquí sería imposible”.
“Si tuviéramos un aterrizaje de emergencia, no podrían salir del avión”, añadió el alguacil aéreo. “Y si fuera un amerizaje (acto de aterrizar sobre una superficie de agua), Dios no lo quiera, todos se ahogarían”.
Fuentes de datos y metodología
Los recuentos de vuelos se basan en un conjunto de datos recopilados por Tom Cartwright, quien recientemente trasladó su trabajo a Human Rights First. Su metodología combina fuentes públicas de tráfico aéreo con conocimiento de patrones y fue corroborada por reportes de medios locales. Todas las rutas y aeronaves mencionadas fueron verificadas por FT.
el datoCiento veinte aeropuertos
Involucrados en operaciones de traslado de detenidos.
Los datos de detención y expulsión de ICE se obtuvieron vía solicitudes FOIA y fueron publicados por el Proyecto de Datos de Deportación de la Facultad de Derecho de la Universidad de California, Berkeley.
Phil Neff, coordinador de investigaciones del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington, colaboró en el análisis de los conjuntos de datos, mientras que David Bier, director de Estudios de Inmigración del Instituto Cato, asesoró en los cálculos presupuestarios de ICE.
JLR
