El estado de Hidalgo ha sido de manera consistente la entidad con el mayor número de carpetas de investigación abiertas por delitos relacionados con hidrocarburos, derivado de las acciones conjuntas entre autoridades estatales y federales. Desde la aplicación de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos se han integrado 8 mil 46 carpetas de investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).
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Pero no solo eso, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, anunció que su propuesta legislativa para combatir el robo de combustible, conocido como huachicol, será impulsada a través de un legislador federal del estado.
¿En qué consiste la iniciativa?
El objetivo principal de la iniciativa es que el robo de hidrocarburos sea tipificado como un delito concurrente, lo que otorgaría al gobierno estatal la facultad de aplicar la extinción de dominio sobre los bienes utilizados para cometer esta actividad ilícita.
Hidalgo, líder en carpetas de investigación
Durante cinco años consecutivos, de 2019 a 2023, Hidalgo encabezó sin disputa el ranking nacional de carpetas de investigación por delitos relacionados con hidrocarburos, lo que habla de un constante combate al huachicoleo y específicamente a las bandas dedicadas a la comisión de este delito.
Ello ha dado como resultado un importante decomiso de bienes inmuebles destinados al almacenamiento de hidrocarburo, vehículos para su traslado, armas y personas detenidas.
En comparación con otras entidades, en 2019 el estado registró mil 767 carpetas, la cifra más alta del país, superando al Estado de México (mil 525) y a Puebla (mil 481).
Al año siguiente, con mil 33 investigaciones, volvió a ocupar el primer lugar. En 2021 subió a mil 383, en 2022 se mantuvo en mil 379 y en 2023 alcanzó su máximo histórico con mil 499 carpetas.
Durante este periodo, Hidalgo fue, sin duda, el epicentro del combate al huachicol en México.
Sin embargo, en 2024 el panorama cambió. Hidalgo registró solo 560 carpetas de investigación, una caída del 62.8 por ciento respecto al año anterior.
El nuevo estado con más investigaciones fue Nuevo León, donde se ubica la refinería de Cadereyta, que pasó de 630 en 2023 a 836 en 2024.
Este cambio representa una reconfiguración geográfica del fenómeno, al menos en el último año.
A nivel nacional, el número total de investigaciones por violaciones a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos (LFPSDCMH) fue de 10 mil 856 en 2019.
En 2020 bajó a 6 mil 497, y en 2021 se mantuvo en 6 mil 528. Para 2022 subió ligeramente a 6 mil 822 y en 2023 repuntó con fuerza hasta 8 mil 577. En 2024 la cifra fue de 8 mil 405.
Los datos parciales de enero a julio de 2025 arrojan un total de 5 mil 981 carpetas, lo que, proyectado a doce meses, sugiere que el año podría cerrar con más de 10 mil, acercándose nuevamente al nivel de 2019.
Este repunte no se debe únicamente a un aumento en el delito, sino también a una mayor capacidad de detección y registro por parte de las autoridades.
La descentralización del fenómeno es evidente. Mientras Hidalgo, el Estado de México, Puebla y Veracruz redujeron sus cifras entre 2023 y 2024, otros estados mostraron aumentos notorios. Baja California, por ejemplo, pasó de 72 investigaciones en 2019 a 295 en 2024.
En 2025, ya en los primeros siete meses, alcanzó las 295 carpetas, igualando el total anual de 2024, lo que indica un ritmo sostenido o incluso acelerado.
Coahuila subió de 87 en 2019 a 254 en 2024, y Tamaulipas de 432 a 500. En el sureste, Campeche pasó de 50 a 65 entre 2019 y 2024, y en 2025 ya acumula 74 carpetas.
Chiapas, que tuvo 28 investigaciones en 2024, registró 57 en el primer semestre de 2025. En tanto, Sinaloa pasó de 25 a 38 en el mismo periodo parcial, Sonora de 45 a 66 y Nayarit, con apenas tres carpetas en 2024, ya suma siete en 2025.
En el caso de Hidalgo, la intensificación de operativos en ductos clave, como el tramo Tuxpan-Tula, de acuerdo con datos oficiales, parece haber limitado las tomas clandestinas en la región, pero no eliminó las redes delictivas, por lo que se han tenido que emprender estrategias específicas para la zona.
Zona de Tula en alerta amarilla
De hecho, la región de Tula-Tepeji se encuentra bajo una intensa “alerta amarilla” de seguridad, según el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, debido a un recrudecimiento de la violencia atribuido a disputas internas entre grupos criminales dedicados al robo de combustible, conocido como “huachicol”.
Los recientes episodios de violencia son, en su mayoría, el resultado de enfrentamientos entre los propios delincuentes por el control del lucrativo negocio ilícito, de acuerdo con declaraciones de las autoridades locales, que identifican a células criminales algunas ligadas, fortuitamente, a grupos transnacionales.
La ubicación estratégica de la refinería Miguel Hidalgo en Tula y la extensa red de ductos que atraviesa la zona la convierten en un punto clave para los grupos dedicados al robo de hidrocarburos.
El riesgo que representa esta actividad no es nuevo. La memoria de la tragedia de Tlahuelilpan en 2019, donde una explosión en un ducto causó más de 130 muertes, sigue presente, evidenciando el peligro inherente del “huachicol” para la población y las fuerzas de seguridad.
La violencia actual es un recordatorio de que los operativos de las autoridades, aunque efectivos, no han erradicado el problema.
Ante esta escalada, los tres niveles de gobierno han intensificado la coordinación para responder a la crisis. La Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) han desplegado operativos conjuntos que han dado resultados significativos.
Entre las acciones más destacadas se encuentran aseguramientos de grandes cantidades de combustible robado, cuya cifra supera ya los 6 millones de litros, así como vehículos, remolques cisterna y, en algunos casos, armas y drogas.
Un ejemplo de esto son los recientes desmantelamientos de centros de almacenamiento clandestinos en municipios como Atotonilco de Tula, donde se han recuperado miles de litros de hidrocarburo.
Van por bienes de criminales
Actualmente, el huachicol es considerado un delito de índole federal, y las autoridades de Hidalgo solo pueden actuar en calidad de coadyuvantes en su combate. Con la conversión a delito concurrente, la administración estatal podría tomar posesión de los bienes recuperados, un poder que actualmente no tiene.
“La iniciativa ya está, la trabajé desde el Senado de la República. Que (los legisladores) la perfeccionen y que realicen los cambios que consideren”, señaló en días pasados el gobernador Julio Menchaca.
La iniciativa fue concebida por Menchaca durante su período en el Senado de la República y, en un inicio, se planeó presentarla en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). Sin embargo, debido a la demora en las sesiones de este organismo, el gobernador decidió delegar la propuesta a un legislador federal.
Menchaca argumenta que, dado que las autoridades estatales y municipales colaboran activamente en la lucha contra el robo de combustible, es justo que también puedan ejercer la extinción de dominio sobre los bienes de los delincuentes.
