Especialistas consideran que, el decreto que congela la edad de jubilación de docentes y burócratas que no están en el sistema de Afores y que la reduce a partir de 2028, deja sin aclarar cómo impactará a las finanzas del país.
Alertaron que no existe claridad sobre los montos que se requerirán para solventar la medida ya que, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que representará en todo el sexenio un monto adicional de 80 mil millones de pesos, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, estimó que serán alrededor de 36 mil millones de pesos.
“Eso ilustra la ligereza con la que se toman decisiones, aceptando chantajes en las calles y no buscando mejorar la educación en nuestro país”, expuso Marco A. Fernández, especialista de México Evalúa.
¿Qué implica la jubilación a los 53 años?
Más de 20 días de protestas, bloqueos y vandalización de espacios ocurridos en mayo por parte de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), se materializaron en un decreto que estableció reducir la edad de jubilación de los burócratas que no cotizan en el régimen de Afores, lo que incluye a docentes.
No obstante, el universo de beneficiarios no está claro.
Según lo anunciado antes de que concluyera el ciclo escolar 2024-2025, a partir de 2028 iniciará un proceso de reducción progresiva que culminará en 2034. En ese año, las mujeres podrán jubilarse a los 53 años y los hombres a los 55, siempre que cumplan con los años de servicio establecidos.
Esta modificación implica una disminución de cinco años en comparación con la legislación vigente, ya que actualmente, las mujeres deben esperar hasta los 58 años y los hombres hasta los 60 para acceder a la jubilación, siempre y cuando se encuentren dentro del supuesto del artículo Décimo Transitorio, fracción II, inciso a) de la Ley del ISSSTE.
“Cuando hicieron la primera oferta de bajar la edad a 58, 56, ahí se dijo que eso beneficiaría aproximadamente al 30 por ciento del magisterio, esas fueron sus cifras.
“Entonces si le creemos a las autoridades pues es el 30 por ciento de un millón 250 mil docentes de educación básica, eso según ellos ahora, pero la propia disidencia magisterial tiene sus cifras”, agregó el también especialista de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey.
La medida representa un aumento considerable en los compromisos fiscales y compromete el futuro de las finanzas públicas, especialmente en el rubro de pensiones contributivas del magisterio.
Fernández advirtió que la presión al gasto en pensiones ejerce sobre las finanzas públicas de México no es nueva, pero en los últimos años ha alcanzado niveles críticos.
Pues tan solo en las dos últimas décadas, el componente pensionario del gasto federal ha crecido sostenidamente, pero en el actual sexenio la dinámica ha sido distinta: por primera vez, el crecimiento del gasto en pensiones ha superado el incremento de los ingresos públicos totales.
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De acuerdo con estimaciones de México Evalúa, entre 2018 y 2024, el gasto en pensiones federales habrá aumentado 2.2 puntos porcentuales del PIB, mientras que los ingresos públicos habrán crecido apenas 0.2 puntos en ese mismo periodo.
Esto significa que por cada peso adicional que el Estado ha logrado captar, se han generado once pesos adicionales en compromisos pensionarios.
“Esta tendencia es, además de crítica es fiscalmente regresiva”, añadió Fernández.
Sergio Cárdenas, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), advirtió que las implicaciones legales del decreto estarían asociadas a las limitaciones del impacto económico del decreto.
“Puede haber una discusión sobre la ruta jurídica que puede seguir el decreto, especialmente por las implicaciones que tiene tanto en el laboral como en la financiero, pero aun asumiendo que el decreto se sostiene, probablemente con una inconformidad podría terminaría hasta en un juzgado, o quizá un poder legislativo con un poco más de independencia podría cuestionar si este decreto no contravendría el contenido de la ley de 2007.
“Sobre todo porque en el decreto no vienen los considerandos sobre las implicaciones que tendrá en término de costos, en especial, viendo la expectativa de vida actual en el país”, apuntó el especialista.
Agregó que bajo el contexto actual, el gasto en pensiones que asciende a seis por ciento del PIB ya representa una de las principales presiones fiscales para el Estado mexicano, y compromete de manera directa la capacidad del gobierno para atender otros temas como educación o salud.
CNTE pide cumplimiento de decreto
El decreto justifica que por razones de solidaridad y justicia social, la edad de jubilación se bajará gradualmente a 55 para hombres y 53 para mujeres a partir de 2034.
“Es increíble que una decisión de esta naturaleza, con un costo tan elevado al erario, esté acompañada de una gran opacidad. México va en un sentido y el mundo va en otro en las edades de jubilación, pues la esperanza de vida va aumentando y las finanzas públicas no pueden sostener más de 20 años de pensión”, agregó Fernández.
El decreto fue aprobado sin presentar fuentes alternativas de financiamiento, y en ausencia de una estrategia de ingresos, el gasto adicional se cubriría con recortes en otros rubros o mayor endeudamiento.
En este contexto, permitir jubilaciones anticipadas sin una reforma estructural del sistema implica cargar a las generaciones futuras con compromisos que no podrían sostener, finalizó.
Está próximo a iniciar el ciclo escolar 2025-2026, con lo que la CNTE ha advertido que la demanda de cumplimiento del decreto podría reavivar las movilizaciones en diversas entidades y la capital del país.
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