En los informes consecutivos de 2022, 2023 y 2024 realizados por el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia Penal, la capital de Colima fue considerada la ciudad más violenta de México, pues su tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes superó las cifras registradas en zonas como Culiacán (Sinaloa), Tijuana (Baja California) y Zamora (Michoacán).
Dentro de este contexto, Colima se ha consolidado también como el estado con un mayor porcentaje de personas que se identifican como parte de la comunidad LGBT+, con un 8.7% de su población según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Para entender cómo es la lucha por los derechos de las personas con una orientación sexual o identidad de género no normativa en un estado marcado por la violencia del crimen organizado, MILENIO entrevistó a Alejandro Pizano Gómez, titular de la Dirección de Atención a la Diversidad Sexual y de Género de Colima.
La lucha de la comunidad LGBT en medio de la violencia del narco
La Dirección de Diversidad Sexual que encabeza Pizano inició sus funciones en enero de 2022 y su instalación fue una de las primeras acciones que Indira Vizcaíno llevó a cabo como gobernadora para impulsar la defensa de los derechos humanos.
"Antes no había algo tan claro, la administración pasada tenía una Dirección de Inclusión y mantenía coordinación con grupos vulnerables, incluida la comunidad LGBT+, pero esto era parte de un programa, no se había conformado como tal una dirección", narra Pizano durante la charla.
A las pocas semanas de que esta área comenzara sus labores, Colima fue escenario de uno de los episodios más violentos en la historia reciente de la entidad. El 25 de enero de 2022, a raíz de una riña entre miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el grupo de Los Mezcales, se registró en el Centro de Readaptación Social (Cereso) un motín que dejó nueve reos muertos y siete heridos.
Según información proporcionada a MILENIO en aquel entonces por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la célula de Los Mezcales surgió a partir de una ruptura entre liderazgos del cártel jalisciense, que para ese entonces ya había logrado establecerse en Colima de la mano de los hermanos Aldrin Miguel (alias Chaparrito) y Jesús Jarquín Jarquín (alias R32).
Pese a su reducido tamaño, el estado se convirtió en un botín sumamente atractivo para estos grupos, así como para el Cártel de Sinaloa, por la posibilidad de controlar el Puerto de Manzanillo. Informes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificaron que esta instalación ha servido como uno de los principales puntos en el Pacífico para ingresar cocaína (desde Colombia) y precursores químicos de fentanilo (desde Asia).
Como resultado de las disputas criminales, la entidad ha experimentado una vorágine de violencia que también ha afectado a la comunidad LGBT+.
"Desafortunadamente esta violencia sí se ha visto reflejada contra la población LGBT. No en un contexto de que las víctimas sean atacadas propiamente por ser parte de la comunidad, sino que es una cuestión de interseccionalidad", explica Alejandro Pizano.
"Algunas personas que pertenecen a nuestra comunidad han sido víctimas luego de que sus necesidades económicas las orillaron a involucrarse en ciertas actividades. Incluso conocemos el caso de una compañera trans que fue privada de su vida por su cercanía con personas de ese ámbito", comentó sin ofrecer más detalles respecto al caso.
Siguiendo la misma línea, el funcionario reconoció que en Colima no se ha podido establecer un registro de las personas LGBT+ que han sido víctimas de crímenes de odio —es decir, agredidas en función de su orientación sexual o identidad de género— debido a la endeble descripción de estos actos en el Código Penal.
"Estamos trabajando con las y los diputados de la actual legislatura porque vimos un área de oportunidad muy grande respecto a la clasificación de los crímenes de odio. Actualmente, como está redactada la ley, es muy laxa la forma en la que se inscriben dentro del tipo penal de homicidio. Estamos promoviendo que se fortalezca este marco jurídico para tener una figura específica sobre los crímenes que se cometen en contra de nuestra comunidad", señaló.
La poca claridad en este sentido provoca que, por el momento, no sea posible identificar qué tan frecuentes son los crímenes de odio en Colima. La intención de acercarse a las y los legisladores, de acuerdo con Pizano, es generar estadísticas e información pertinente para desarrollar políticas públicas de atención y prevención.
¿Qué dice la ley sobre los crímenes de odio en Colima?
El Código Penal vigente no contempla la figura de los crímenes de odio como tal, sino que los ataques motivados por prejuicios contra la comunidad LGBT+ están considerados en las agravantes del delito de homicidio.El artículo 123 Bis. establece que las personas responsables de cometer homicidio por razones de orientación sexual o identidad de género podrían recibir una pena de entre 35 y 50 años de cárcel.
Para evaluar si esto fue el móvil de la agresión, se consideran factores como la existencia de lesiones degradantes, signos de violencia sexual o abandono del cadáver en un lugar público.
¿Qué acciones han realizado desde la Dirección de Diversidad Sexual en Colima?
Al ser cuestionado sobre los avances que se han logrado desde su área, Pizano resaltó las capacitaciones otorgadas a distintas secretarías e instituciones, las cuales pretenden sensibilizar al personal para atender de forma adecuada a la comunidad LGBT+.
Al ser cuestionado sobre los avances que se han logrado desde su área, Pizano resaltó las capacitaciones otorgadas a distintas secretarías e instituciones, las cuales pretenden sensibilizar al personal para atender de forma adecuada a la comunidad LGBT+.
Uno de los acercamientos que tuvieron con la Fiscalía estatal tenía la finalidad de difundir información sobre los riesgos de los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (ECOSIG), también llamados "terapias de conversión".
"Es relevante que se prohíban estas prácticas, pero es más relevante aún que la gente lo sepa. No se trata de actuar sólo desde la convencionalidad de la ley, sino también de plantear una postura institucional para invitar a la gente a que denuncie", compartió Pizano.
Respecto a la iniciativa para una clasificación más precisa de los crímenes de odio en el Código Penal, el funcionario anticipó que ha sido bien recibida en el Congreso local. "Hay un entendimiento no sólo a nivel institucional, sino también desde un mensaje político que tiene la colectividad de nuestra comunidad, porque nuestras vidas importan, pero también nuestras muertes", externó.
Discursos de odio: una barrera latente
El 21 de junio pasado se llevó a cabo la Marcha del Orgullo Colima en la zona centro de la capital. Al finalizar el evento, Pizano y algunos de sus compañeros se percataron de que una cantidad importante de usuarios en redes sociales se dedicó a difundir discursos de odio y narrativas violentas al respecto.
"Es lastimoso ver estos mensajes y tenemos que repensar la forma en que podemos prevenir que esos discursos se traduzcan en acciones o crímenes de odio", advirtió el entrevistado.
"Como comunidad LGBT, independientemente de los proyectos políticos, tenemos que mantener unidad, memoria histórica y memoria colectiva para mantener vigentes nuestros derechos", consideró.
BM.
