Por primera vez en la historia de Jalisco, el próximo domingo 22 de junio se conmemorará oficialmente el Día Estatal de las Mujeres y Niñas Indígenas. La efeméride, aprobada recientemente por el Congreso local, marca un parteaguas en la visibilización de las luchas, demandas y derechos de las mujeres pertenecientes a los pueblos originarios asentados en el estado. No es una simple fecha en el calendario: es el fruto de años de organización, resistencia y persistencia frente a estructuras que han silenciado sistemáticamente sus voces.
Marissa Ramírez, integrante y representante de la comunidad mazahua en Jalisco, lo dice sin titubeos: “Es un logro histórico. Durante tantos años no se ha visibilizado la violencia que sufrimos las mujeres indígenas en las grandes urbes. Que ahora el Congreso lo reconozca es un paso importante para que las autoridades dialoguen con nosotras y no por nosotras”.
En México, cada movimiento feminista ha tenido su propio ritmo y bandera. Pero el de las mujeres indígenas es una lucha con múltiples capas: enfrentan discriminación por ser mujeres, por ser indígenas y, en muchos casos, por vivir en contextos de pobreza o aislamiento. “Queremos vivir libres de violencia, pero también con oportunidades como las que tienen otras mujeres que no pertenecen a un pueblo originario”, explica Marissa. La exigencia no es solo simbólica: se trata de justicia real, de acceso equitativo a derechos fundamentales.
La demanda es clara: que el Estado garantice justicia, salud, educación, participación política y acceso a la información en sus propias lenguas y contextos culturales. Que se reconozca la diversidad no como un obstáculo, sino como un principio. Que se atienda con perspectiva intercultural y de género. “Sabemos que hay muchas barreras: el idioma, la falta de datos, la marginación. Pero queremos que se quite esta desventaja que tenemos en cuanto al tema económico y de acceso a información”, apunta Marisa.
Sin datos sobre problemáticas de mujeres indígenas
Uno de los puntos más graves que señala es la ausencia de datos duros: no hay estadísticas confiables sobre cuántas mujeres indígenas han sido víctimas de feminicidio o agresiones. “Y eso es terrible, porque sin datos no hay políticas públicas, no hay justicia”, denuncia. La invisibilidad estadística es otra forma de violencia.
Pero más allá de las cifras, la historia de Marisa Ramírez es también la de muchas mujeres indígenas que han desafiado estigmas y burlas para defender su identidad. Su familia migró hace más de 60 años desde Santiago Coachochitlán, una comunidad entre Michoacán y el Estado de México. Se establecieron en Zapopan, donde hoy viven cerca de 5 mil personas de origen mazahua. Su comunidad ha sabido resistir sin disolverse: ha transformado su modo de vida, pero no ha renunciado a sus raíces.
“Cuando yo comencé a promover la vestimenta, la cultura y los derechos de las mujeres, hombres se burlaban de mí, me decían que ‘nadie me iba a hacer caso’, que ‘parecía que andaba enaguas’. Pero aquí seguimos”, recuerda con orgullo. Aunque muchas mujeres ya no portan el traje tradicional en su día a día — por discriminación o por las exigencias del entorno urbano—, la identidad sigue viva en eventos culturales, ceremonias y, sobre todo, en el orgullo con que se transmite a las siguientes generaciones.
En los márgenes del desarrollo urbano, la comunidad mazahua se ha insertado en la vida económica de la ciudad sin dejar atrás su historia: hay artesanas, carpinteros, estilistas, polarizadores de autos y hasta mecánicas automotrices. “Tuvimos que evolucionar a las actividades económicas de la ciudad, pero sin dejar de lado quiénes somos”, dice Marisa.
Aunque el 22 de junio cae en domingo este año, el evento principal se llevará a cabo el lunes 23 con una mesa de trabajo entre autoridades estatales y representantes de los pueblos originarios. Se espera que este encuentro no sea simbólico ni protocolario, sino un inicio de diálogo real, sostenido, donde se construyan políticas públicas desde las voces que históricamente han sido excluidas.
“No queremos que esta fecha se quede solo en un calendario, queremos que sea un punto de partida para garantizar derechos reales”, afirma Marisa. Su voz, como la de tantas otras, es urgente. Es una voz que no pide permiso, que no se conforma con ser escuchada: exige ser parte de las decisiones, del diseño de programas, de las estrategias institucionales. Porque no basta con verlas o nombrarlas: hay que respetarlas y garantizarles el derecho a vivir sin miedo, con dignidad, y con justicia.
El reconocimiento oficial del Día Estatal de las Mujeres y Niñas Indígenas es un paso. Un paso importante, sí, pero apenas el primero. Lo que viene después será más difícil: desmontar las estructuras que perpetúan el racismo, el machismo y la exclusión. Pero ya no están solas. Y ya no están en silencio.
SRN
