El presidente municipal de Epazoyucan, Carlos Montaño Rodríguez, señaló que buscará tener un diálogo con la diputada local del Partido Nueva Alianza Hidalgo, Mónica Leanett Reyes Martínez, quien aseguró, desde la tribuna del Congreso del estado, que iniciará un proceso de juicio político en su contra pues argumentó que existen suficientes elementos que muestran que ha cometido faltas graves que afectan el buen funcionamiento del ayuntamiento y dañan los derechos de las regidoras.
En entrevista con MILENIO el alcalde negó que haya impedido tomar protesta a una regidora, realizar acciones de hostigamiento, exclusión de sesiones, descalificaciones, descalificaciones a través de redes sociales, así como actos de corrupción y nepotismo de los que fue señalado.
“La postura que tuvo la diputada creo que se adelanta a un proceso de diálogo en el cual siempre hemos buscado construir, llamo a la diputada a que nos podamos sentar a platicar y con todos los actores que están involucrados en esta perspectiva”, aseveró.
Respecto a las supuestas acciones de hostigamiento, exclusión de sesiones, descalificaciones, descalificaciones a través de redes sociales, apuntó que lo único que ha hecho es dar su opinión política y cómo se desempeñan las funciones en el cabildo, “y no es específico en contra de alguna mujer”.
En cuanto a los señalamientos hacia su persona sobre actos de corrupción y nepotismo agregó: “en este sentido está la auditoría que tenemos en el municipio, eso se está aclarando”.
El juicio político en Hidalgo
De acuerdo con la Constitución Política del Estado de Hidalgo serán sujetos de juicio político: las diputadas y los diputados del Congreso local, el auditor Superior, las y los titulares de la administración municipal, las y los síndicos, las regidoras y los regidores, las magistradas y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del estado, del Tribunal de Justicia Administrativa y del Tribunal Electoral, las secretarías y los secretarios del despacho del Poder Ejecutivo, la o el titular de la Procuraduría General de Justicia, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción.
Así como quienes tengan a su cargo las Coordinaciones creadas por el Ejecutivo, las y los Directores Generales o sus equivalentes de los organismos públicos autónomos y descentralizados.
Para proceder por responsabilidad en la comisión de delitos del orden común contra los servidores públicos, cometidos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.
Las sanciones que se impondrán mediante juicio político, cuando los servidores públicos, en el ejercicio de sus funciones, por sus actos y omisiones perjudiquen a los intereses públicos fundamentales o a su buen despacho, consistirán en la destitución del servidor y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.
