Cuando era regidora de Reynosa, Tamaulipas, en enero de 2023, Denisse Ahumada Martínez usó la ley de violencia política de género para denunciar a sus rivales políticos y a dos periodistas que cuestionaron su desempeño en el cargo público.
Las autoridades electorales exoneraron a los funcionarios y solo castigaron a los comunicadores, obligándolos a disculparse públicamente y quedar inscritos en el registro nacional de violentadores.
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¿Qué pasó con el caso Denisse Ahumada Martínez?
La historia dio un vuelco cuando en junio de ese mismo año Ahumada Martínez fue detenida en Texas, Estados Unidos, con 92 kilogramos de cocaína y sentenciada a 37 meses de prisión.
Este caso evidenció cómo un mecanismo jurídico creado para proteger a las mujeres en la política fue utilizado para censurar a la prensa mientras la alcaldesa mantenía vínculos con el crimen organizado.
Este ejemplo solo ilustra el hecho de que las sanciones por violencia política de género crecieron a niveles históricos a partir de 2024 y lo hicieron de la mano de un aumento notable en los casos contra civiles, periodistas y usuarios de redes sociales.
Estos grupos concentran el 65% de las sanciones aplicadas en lo que va de este año, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Sancionadas (RNPS) del Instituto Nacional Electoral (INE) con corte al 31 de agosto.
Desde su implementación en 2020, los castigos por violencia política se centraban mayoritariamente contra personas que ostentaban un cargo público o candidatos, pero, en los últimos años, el blanco predilecto de las denuncias son los ciudadanos de a pie y medios de comunicación; lo que, en algunos casos, refleja una intención de censura por la desproporcionalidad de las sentencias.
“Lo que estamos viendo ahora con esta figura de la violencia política contra la mujer por razón de género es algo bastante grave, porque es un mecanismo que legítimamente está instituido para lograr un objetivo, pero que está siendo utilizado como un vehículo de censura”, sostiene la directora de Propuesta Cívica, Sara Mendiola.
Experta de la UNAM opina
La académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Mónica Amilpas, también advierte que “puede haber ciertos riesgos de que estas sanciones se usen para silenciar voces críticas, en vez de combatir la violencia de género” y señala la responsabilidad de los ciudadanos a “estar muy alertas con la aplicación de estos instrumentos jurídicos para que no sean utilizados de manera abusiva”.
En apenas dos años, la ley de violencia política de género vivió su mayor explosión y cambió de blanco. Entre enero de 2024 y julio de 2025 sumaron 229 personas de cualquier tipo sancionadas por señalamientos contra mujeres; dicha cifra representa un incremento de 45% respecto a los 158 castigos que se impusieron en el lapso 2022-2023.
Ese salto fue todavía más vertiginoso si se enfoca únicamente al bloque de personas civiles y comunicadores. Desde enero de 2024 se reportaron 114 personas sancionadas, mientras que en los dos años previos sumaron 72 casos, lo que evidencia una subida de 58% en este sector.
La proporción muestra el cambio de fondo. En 2020 los ciudadanos y comunicadores representaban menos de una quinta parte de las resoluciones; en 2024 rebasaron el 40% y en 2025 ya concentran casi dos tercios.
La norma, diseñada para garantizar la participación femenina en la vida pública, se aplica hoy con fuerza en entornos digitales y contra voces que no participan en la competencia electoral.
El alcance de la ley contra la violencia política de género es tan amplio que las mujeres que ostentan un cargo público o que fueron candidatas en su momento, denunciaron a 92 mujeres que actualmente integran el RNPS, de las cuales 27 son ciudadanas que emitieron una opinión en sus redes sociales, 11 son reporteras o directivas de medios de comunicación y dos más son influencers de la plataforma Facebook.
Ante el espectro tan amplio de las sanciones, la politóloga Miriam Hinojosa, sostiene que “es normal” que existan sanciones contra medios de comunicación y civiles porque la discriminación contra las mujeres no solo es operada desde la política, sino también desde la sociedad, pero pide tener mayor cuidado en las sentencias dictadas.
“Tenemos que ser extremadamente cuidadosos con sanciones que lleven a silenciar a los medios de comunicación; sin embargo, no podríamos borrarlos (a medios de comunicación) de la lista de potenciales perpetradores de violencia política en razón de género, porque claramente han tenido un rol crucial en ello”, explicó Hinojosa.
Sara Mendiola sostiene que este procedimiento que busca legítimamente impulsar la carrera de las mujeres en la política fue creado para aplicarse en tiempos electorales, pero al agregar a los civiles, éstos no tienen modos suficientes para crear una defensa apropiada por los tiempos tan cortos en que las autoridades electorales resuelven los casos.
“El INE o la institución electoral local, recibe la denuncia y funge como una especie de ministerio público y conceden medidas cautelares (…) El INE manda a Sala Superior, ésta resuelve y hasta ahí llegamos. No hay una autoridad rivisora y no hay amparo para combatir el fallo”, explicó.
Así ocurrió con el caso conocido como “Dato Protegido”, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a la usuaria de la red social X, Karla María Estrella, a presentar una disculpa pública diaria durante 30 días por expresiones consideradas estereotípicas hacia la diputada Diana Karina Barreras. La reserva de su nombre buscaba proteger a la diputada, pero la frase se volvió tendencia y abrió un debate nacional sobre los límites de la confidencialidad.
También es recordado el caso en el que la periodista Denise Dresser fue acusada por la entonces diputada de Morena, Andrea Chávez, por una crítica realizada en un programa de televisión sobre la supuesta utilización de recursos públicos por el uso de un avión del gobierno federal. La demanda fue admitida y resuelta en favor de la legisladora por una sala regional especializada y tuvo que pasar por lo menos un año para que el TEPJF revocara dicha resolución.
Para la directora de Propuesta Cívica, Sara Mendiola, este tipo de casos donde se revoca un fallo serán cada vez menos para los periodistas que sean acusados por violencia política de género por la politización que tuvo el Poder Judicial con la reforma constitucional aprobada en septiembre del año pasado.
“Tal como está la constitución del nuevo poder, asusta llevar un proceso. No podemos caer en la ceguera de que quienes llegaron, habrá sus excepciones, pero la mayoría de los que llegaron a ocupar esos puestos, llegaron por la política, no por haber cruzado una carrera judicial”, expresó.
Por su parte, Mónica Amilpas pide que los encargados de juzgar las denuncias por violencia política de género “asuman su responsabilidad para que las sanciones se vuelvan ejemplares e ir erradicando la violencia política en razón de género” sin caer en abusos o simulaciones que debiliten la legitimidad de las mujeres para participar en la política.
De no encontrar el perfecto equilibrio, la ley de violencia política de género podría resultar una arma de doble filo para el movimiento feminista: “Si no aprendemos de lo ocurrido y hacemos las las reformas correspondientes, podría generarse una contra ola, una animadversión generalizada hacia las mujeres políticas, porque hacen uso de esta herramienta,” expresó Miriam Hinojosa.
RM
