Silvano Aureoles Conejo, ex gobernador de Michoacán, impugnó la resolución de la jueza federal que rechazó ampararlo contra la orden de aprehensión emitida por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta.
Lo anterior derivado de un supuesto quebranto de 3 mil 412 millones de pesos por la compra a sobreprecio de cuarteles para la Guardia Civil.
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El recurso de revisión interpuesto por el ex mandatario estatal fue turnado a un Tribunal Colegiado en Materia Penal.
El 3 de junio, Jovita Vargas Alarcón, jueza novena de Distrito en Materia Penal, negó la protección de la justicia a Silvano Aureoles.
En su sentencia, la juzgadora señaló que la decisión de Patricia Sánchez Nava, jueza de control adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Oriente, de conceder la orden de captura está fundada y motivada.
“Lo anterior, porque de los mismos se desprende su directa participación en los hechos descritos por la representación social, como la persona que probablemente desde 2016 hasta 2021, como gobernador del estado de Michoacán, con otros servidores públicos federales (siete), de manera conjunta, dolosa y continuada, realizó actos encaminados a suscribir contratos de prestación de servicios, de arrendamiento, mantenimiento y posterior adquisición, respecto de siete cuarteles de seguridad pública.
"Estos fueron desarrollados en los municipios de Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro, a favor de Inmobiliaria DYF, Sociedad Anónima de Capital Variable, pese al conocimiento que esta moral no contaba con los años de experiencia, infraestructura ni propiedades en los cuales supuestamente ofertó su servicio”, menciona el fallo.
Es de mencionar que desde hace dos años la Fiscalía General de la República (FGR) comenzó a planear la detención del ex gobernador de Michoacán y de siete de sus ex colaboradores.
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