Una jueza federal rechazó amparar a Silvano Aureoles Conejo, ex gobernador de Michoacán, contra la orden de aprehensión que fue girada en su contra por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta, derivado de un supuesto quebranto de 3 mil 412 millones de pesos por la compra a sobreprecio, de cuarteles para la Guardia Civil.
Jovita Vargas Alarcón, jueza Noveno de Distrito en Materia Penal, publicó hoy que sobreseyó parte de la demanda de garantías y que negó la protección de la justicia contra el mandamiento judicial que ordenó su captura.
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En su resolución, mencionó que la orden de aprehensión está fundada y motivada, y cumple con los lineamientos de medida de cautela.
“Así las cosas, de los datos de prueba que fueron ponderados adecuadamente por la responsable en la orden de aprehensión reclamada, en los términos ya establecidos, se obtienen indicios incriminatorios razonables en contra de la aquí parte impetrante que, al ser concatenados de manera natural y lógica, como se dijo en la resolución objeto de reclamo, son suficientes en este estadio procesal para acreditar que probablemente cometió los hechos que la ley tipifica como delitos de peculado, administración fraudulenta, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa que se les atribuye”, detalla la sentencia.
Hace un par de semanas, la juzgadora dejó sin efecto la suspensión definitiva que impidió durante meses la detención del ex mandatario estatal.
En aquella ocasión, la juzgadora informó que Silvano Aureoles no cumplió con las medidas de aseguramiento que le fueron impuestas para que la suspensión no perdiera sus efectos.
Lo anterior, porque no exhibió la garantía de un millón de pesos que se le impuso y porque no compareció ante la juez que ordenó su captura.
La FGR ha señalado que Silvano Aureoles y cuatro de sus ex colaboradores presuntamente causaron un daño patrimonial por la compra, a sobreprecio, de cuarteles de la Guardia Civil para los municipios de Huetamo, Apatzingán, Coacolmán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro, en Michoacán.
Hace unas semanas, Patricia Sánchez Nava, jueza de control adscrita al Centro de Justicia Penal Federal con sede en el reclusorio Oriente, y quien libró la orden de aprehensión, citó al ex gobernador para que se presentara a la audiencia inicial que se programó para el próximo 20 de agosto, en la que la FGR lo imputará por los presuntos delitos antes mencionados.
Es de mencionar que, el ex funcionario ha promovido otros amparos que han sido radicados en otros juzgados con el propósito de evitar su detención
ROA
