La prohibición de los vapeadores a nivel constitucional ha provocado un problema inesperado en varias partes del país: policías se aprovechan de la noción de que se trata de un objeto ilegal para extorsionar a quienes usan o tienen uno.
Notivox recopiló historias de personas que han sido víctimas de extorsión a partir de la reformas a los artículos 4 y 5 de la Carta Magna que el 18 de enero entraron en vigor para igualar en prohibición al vapeador y al fentanilo; ese cambio legislativo ha sido ambiguo para determinar si la posesión de los cigarros electrónicos es un delito equiparable a importarlos o venderlos.
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Estos son los testimonios
Ese vacío legal lo sufrió el empresario Francisco Escoto el 14 de junio, cuando llegó a su empresa Sneakers Bros en la capital de Puebla para encontrarla rodeada de agentes aduanales, quienes le anunciaron una inspección sorpresa para verificar si los tenis que vende son originales y si habían sido comprados legalmente.
Los agentes argumentaron que el centro histórico poblano es una “zona peligrosa” para trabajar, así que extrajeron más de 800 productos de la tienda para supuestamente revisarlos atentamente en sus oficinas.
Cuando Francisco les mostró las facturas de sus productos, y quiso recuperarlos, leyó en el acta de la inspección que supuestamente los agentes habían encontrado vapeadores en su local.
“Yo sólo vendo sneakers, artículos de colección como ropa y ‘art toys’, además del servicio de limpieza de tenis. Yo no vendo vapeadores, tampoco los uso”, se defendió el empresario.
Su intuición es que los agentes aduanales le “sembraron” los vapeadores para dificultar la devolución de sus productos. Si el proceso de reembolso tarda demasiado, Francisco puede perder su mercancía, cuyo precio de venta supera los 5 millones de pesos. Estaría quebrado… a menos que alguien le ofrezca una vía rápida, pero ilegal, para salvar el negocio familiar.
“Mucha gente no ha recuperado sus cosas. Otras personas nos han dicho que a medio proceso la autoridad se adjudica sus cosas y de todos modos, al final, tienen multa y no recupera nada. Supuestamente porque su mercancía ya no las tiene la oficina de Comercio Exterior en Puebla: ya las adjudicaron y las donaron”, lamenta Francisco.
En Playa, un vapeador “es como traer droga”
Armando 'G' es habitante de Playa del Carmen en Quintana Roo. Renta vehículos a turistas y administra departamentos que se ofertan como Airbnb. El 14 de abril dio una vuelta prohibida y un policía de tránsito lo detuvo.
Mientras Armando buscaba la tarjeta de circulación, el oficial Ricardo Vázquez ojeó el interior del auto y vio un vapeador en el portavasos.
“Me exigió que le diera el vapeador. Luego, me enseñó en su teléfono una noticia de que habían sido prohibidos y me dijo que se castigaba con cárcel. Básicamente, me dijo, era como traer droga en la cajuela o abajo del asiento. No sé, me sorprendió mucho y terminé dándole 5 mil pesos para que me dejara ir”, relató Armando G.
Al día siguiente contó la historia en una reunión con amigos. Cinco se rieron de su ingenuidad y uno se quedó callado: a él le había pasado lo mismo la semana anterior a unos kilómetros, cerca de Playa Mamitas, y también entregó 5 mil pesos, porque el policía de tránsito amenazó con llamar a más de sus compañeros. Ambos creen que es una tarifa fijada en el manual invisible de la corrupción mexicana.
“Y con los policías de Playa del Carmen no se juega. Esos cabrones son mafiosos; te entregan al crimen organizado o te desaparecen, si no eres turista. Y si llegan más, te toca darle a todos. De pronto, ya no debes 5 mil pesos por traer un vapeador, sino 30 mil pesos que hay que repartir entre seis”, contó Armando.
Julia Anguiano, directora del área de Investigación del Instituto RIA, ‘think tank’ especializado en políticas públicas sobre el uso de sustancias, confirmó que la tenencia de un vapeador aún representa un vacío legal debido a que ninguna ley –ni local ni federal–, establece multas o penas concretas por vapear.
Sin embargo, al estar prohibido en la Constitución, la tenencia de estos dispositivos motiva el hostigamiento policial, especialmente en ciudades donde las autoridades locales han tomado por su cuenta la iniciativa de criminalizar el vapeo.
“El vacío que enfrentan los dispositivos de vapeo en México es la falta de leyes secundarias que establezcan cómo se aplicará su prohibición. El decreto de prohibición de los vapeadores entró en vigor el 18 de enero de este año, y a partir de entonces, cuenta con un plazo de vencimiento de 180 días hábiles para la expedición de estas normativas”, explica Anguiano.
Agrega la experta en política de drogas que la fecha límite para emitir reglamentaciones termina hasta la primera semana de octubre.
“Mientras tanto, el vapeo es actualmente tratado como una falta administrativa, pero se sanciona con extorsión policial”, concluyó.
En CdMx, en lo oscurito y contra estudiantes
Una historia similar a la de Armando 'G' en Playa del Carmen, fue narrada por Lilian 'P', de 17 años, quien al salir de la Preparatoria 3 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el norte de la Ciudad de México, fue abordada por dos policías preventivos mientras ‘vapeaba’ de camino a la parada de camiones que la llevan a casa.
Aprovechando la copa de un árbol frondoso que tapaba una cámara de vigilancia, los uniformados amagaron con llevarla ante el juez cívico por “usar sustancias prohibidas en la vía pública”.
“Me dijeron que era una falta, como beber una cerveza en la calle, y que tenía que pagar una multa como de tres mil pesos. Si no podía pagarla estaría detenida 48 horas en El Torito. La verdad me asusté mucho y también me preocupé por mis papás. Le llamé a mis amigos y juntamos 500 pesos para darles a los policías”, cuenta Lilian.
Como sucedió con Armando, Lilian contó lo que le pasó en una fiesta de estudiantes de su generación. Tres de ellos le dijeron que fueron extorsionados de la misma manera al salir de la preparatoria. Y cuando describieron a los policías, sus características físicas coincidían. Todos creen que fueron abordados por los mismos uniformados, quienes ya han establecido un modus operandi contra portadores de vapeadores.
A diez kilómetros de la Preparatoria 3 está el edificio Aldama, en el Conjunto Urbano Tlatelolco, donde Francisco 'M' vive con sus perros y corta cabello para tener un segundo ingreso.
El 9 de julio recibió una visita de un hombre que se identificó como “inspector del Instituto de Verificación Administrativa” y le dijo que debía entregarle 200 mil pesos para seguir usando su departamento como negocio. De lo contrario, lo acusaría de tener vapeadores y pondría sellos de clausura en la puerta impidiéndole entrar a su vivienda.
“Hasta el momento, sigo con el temor de que regrese ese señor. Me lo dijo con mucha seriedad, como si tener ‘vapes’ en tu casa fuera como tener cocaína o armas. Luego me asesoré con un abogado y me dijo que no pueden hacer eso, que aún no está reglamentado, pero esto es México y aquí hacen lo que quieren”, cuenta el estilista.
“Para serte sincero: tengo mucho miedo de que, por eso, me vaya a quedar en la calle”.
Regular en vez de prohibir
La investigadora Julia Anguiano lamentó que en el país no exista un protocolo de actuación policial sobre qué hacer en caso de identificar a alguien que posee un vapeador en México, pero las experiencias de personas usuarias apuntan a que las autoridades de la fuerza pública han decomisado estos dispositivos y exigen dinero, principalmente a jóvenes.
Mientras no existan lineamientos locales o federales que establezcan la prohibición a la tenencia de los vapeadores, aseguró, se trata de casos de detención arbitraria.
“Ante estas detenciones, desafortunadamente sólo podemos limitarnos a recomendar evitar riesgos innecesarios: no exhibir tu dispositivo en público, no utilizarlo en espacios cerrados donde podría detectarse el vapor u olor con facilidad, y mucho menos frente a cuerpos de seguridad", dijo la especialista.
"La verdadera solución, más que ofrecer recomendaciones individuales, sería encontrar una manera de neutralizar los efectos negativos de la prohibición, aclarando este limbo jurídico”, afirmó.
La política prohibicionista alrededor de los vapeadores, cuenta Julia Anguiano, ha provocado la criminalización de los usuarios y la aparición de nuevos mercados negros que son altamente rentables para el crimen organizado, debido a que ofertan este producto en las sombras, sin condiciones de sanidad y sin haber pagado impuestos.
La corrupción en cuerpos policiales es otra consecuencia de la decisión de prohibir en lugar de regular.
MD
