La relación del Estado mexicano con los pueblos indígenas ha sido compleja y, hasta el sexenio pasado, poco cambiante. Se caracterizó desde sus inicios como una relación de despojo y abusos enfrentados a una resistencia perseverante. Todo lo que aún vive de los pueblos indígenas de México —la biodiversidad de sus territorios, la maestría de sus artes y oficios, sus lenguas complejas e insondables, sus maneras de construir decisiones colectivas— ha sobrevivido a pesar de todas las fuerzas en contra —fuerzas a veces activas, a veces inerciales—, que durante dos siglos los relegaron, discriminaron y negaron de la realidad nacional.
Por algún tiempo, las políticas gubernamentales se centraron en integrar a los pueblos indígenas a una nación homogénea y monolingüe; en otros momentos se ejecutaron políticas asistencialistas que trataban de paliar los efectos del rezago infligido, pero sin verdadera voluntad de cambiar los términos de una relación paternalista, vertical y asimétrica. Incluso después de que el levantamiento zapatista de 1994 lograra establecer un diálogo entre comunidades indígenas y autoridades federales, los acuerdos emanados de las mesas de San Andrés Larráinzar solo se sumaron a la larga lista de promesas incumplidas por un gobierno sin credibilidad.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador en este ámbito fue distinto. El eje de la política obradorista, primero los pobres, tenía una acotación importante: que entre ellos los más olvidados han sido siempre los pueblos indígenas, y con ese reconocimiento emprendió una política de atención directa y escucha que había estado ausente en la mayoría de los gobiernos que le precedieron. Su mandato comenzó con la creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (en lugar de la antigua Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, sucesora, a su vez, del Instituto Nacional Indigenista). En 2019, comenzó a implementar lo que sería el sello personal de su mandato en este ámbito: los planes de justicia para los pueblos indígenas, comenzando con el del pueblo yaqui.
Lo primero que cambió en la relación entre el Estado y los pueblos indígenas fue la manera de reconocer a los interlocutores como sujetos de derecho público, con derecho a la autodeterminación y la preservación de sus territorios. Este reconocimiento más tarde se plasmaría en la reforma al artículo 2º constitucional, la primera reforma constitucional aprobada en el mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Los Planes de Justicia se basan en el diálogo entre autoridades indígenas y autoridades gubernamentales. En ese diálogo se elabora un diagnóstico, se acuerdan acciones y se construyen soluciones. Ciertamente, el Plan de Justicia del pueblo yaqui no fue el primer intento de llevar a cabo un programa de desarrollo para ese y otros pueblos indígenas de México, pero sí fue el primero, después del gobierno de Lázaro Cárdenas, que tuvo resultados tangibles, incluyendo la restitución de tierras, la rehabilitación de un distrito de riego y la construcción de un acueducto para llevar agua potable a los ocho pueblos. Se construyó también un hospital regional, casas de la niñez indígena y la Universidad del Pueblo Yaqui. La diferencia entre este plan y otros proyectos anteriores estuvo en la coordinación interinstitucional: varias dependencias de gobierno se volcaron a la elaboración del diagnóstico participativo, el diseño de las líneas de acción y la resolución de las demandas, todo a partir del diálogo constante con las autoridades comunitarias.
Después del Plan de Justicia yaqui vinieron otros 11 planes de justicia y 6 planes de desarrollo: los Planes de Justicia de los pueblos Seri-Comca’ac, Guarijío-Makurawe, Yoreme o Mayo, Wixárika, Náayeri, O’dam y Mexikan; Ralámuli, Ódami, Oichkama y Guarijó, el de las comunidades Chinantecas y Mazatecas del valle de Uxpanapa, el de las comunidades de la Selva Lacandona, el plan de desarrollo de los pueblos Chichimeco y Otomí, el del pueblo Amuzgo, el de los pueblos Xhidza y Xhon de la Sierra Juárez, el del pueblo Chinanteco-Zapoteco de Ixtlán, el plan de desarrollo del pueblo Chocholteco y el de los pueblos Yumanos y Cochimí.
La presidenta Claudia Sheinbaum está dando continuidad a esta política. El 5 de abril lanzó el Plan de Justicia del pueblo p’urhépecha, sin duda el que comprende la mayor población de los concebidos hasta la fecha, y relanzó el fin de semana pasado el Plan de Justicia del pueblo Amuzgo en Guerrero y Oaxaca.
Los planes de justicia se caracterizan, primero, por la articulación interinstitucional y el seguimiento presidencial, y segundo, por la planificación pensada a partir del diálogo directo con las comunidades, en un marco de reconocimiento de la autodeterminación de los pueblos —un derecho ahora plasmado en la Constitución, cuatro años después de que en la Guardia tradicional de la comunidad de Vícam, el pueblo yaqui le entregara al presidente López Obrador el borrador de esa iniciativa de reforma, respaldada con las firmas de centenares de autoridades indígenas de todo el país—.
