Si bien las circunstancias no son idénticas, el caso de doña Irma y su hija Daniela -propietarias de una vivienda ubicada en la colonia Vista Bella de Tampico- que se volvió viral tras recuperar su casa ocupada por una familia invasora durante años, vuelve a poner los reflectores sobre un tema pendiente: las miles de viviendas del Infonavit invadidas o abandonadas en el país.
No es un hecho aislado. El propio Instituto estima que hay más de 843 mil viviendas en condición irregular o “emproblemada”. Y ante esta realidad, la respuesta del gobierno federal ha sido clara: no habrá desalojos, sino un programa para regularizar a quienes ocupan casas de manera ilegal, ofreciéndoles comprarlas a bajo costo o rentarlas con opción a compra, aunque no sean derechohabientes.
La medida, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha sido bien recibida en algunos sectores, pero genera alarma entre empresarios, juristas y ciudadanos que ven en este plan un ataque frontal al derecho de propiedad. ¿Qué mensaje se lanza al premiar la ocupación con la posibilidad de legalización?
"La propiedad privada está resguardada. Eso es por Constitución, y la vamos a resguardar. No se trata de quitarle una vivienda a quien le pertenece. Eso tiene que quedar muy claro, y que no haya duda respecto a eso", señaló la presidenta Claudia Sheinbaum.
Legalizar lo ilegal no sólo pone en riesgo el marco jurídico, también vulnera principios fundamentales: el respeto a la propiedad privada, el valor del esfuerzo y la certidumbre sobre el patrimonio.
¿Y qué pasa con los legítimos dueños que fueron desplazados o que siguen pagando sus créditos mientras otros habitan lo que no les pertenece? ¿Qué garantías tendrán de que el Estado defenderá su inversión?
El programa no distingue entre quienes dejaron de pagar por necesidad y quienes ocuparon deliberadamente. Y ahí está el punto débil. No se puede tratar por igual al deudor, al invasor y al comprador. Hacerlo es debilitar la confianza en el sistema.
Lo más grave es que este tipo de acciones normalizan la informalidad y trasladan al ciudadano la idea de que todo se puede perdonar o legalizar si se espera lo suficiente. Un golpe silencioso, pero demoledor, al Estado de derecho.
Regularizar no puede ser sinónimo de rendirse ante el caos. Cuidar a los que menos tienen no debe implicar desproteger a quienes sí cumplen.
Porque si el patrimonio de uno puede ser tomado por otro... ¿quién está realmente protegido?
