En cuestión de horas Tamaulipas llegará a 10 mil casos de enfermos por coronavirus y rebase los 700 muertos, justo en los días donde se aplicaron medidas emergentes en dos fines de semana por la Secretaría de Salud, como cerrar supermercados y tiendas de conveniencia para evitar mayor movilidad.
Acción irónica cuando miles de personas, más por necesidad, abarrotan dichos establecimientos los viernes antes de la suspensión de actividades, para adquirir alimentos y sobrellevar el encierro; es decir, terminó peor el remedio que la enfermedad. Ahí está la crítica del ex alcalde de Tampico Arturo Elizondo, secundada por empresarios locales.
Más contradictorios resultaron dos hechos de los últimos días: El pasado viernes más de 200 dueños de negocios de los tres municipios cerraron la Avenida Hidalgo, protestan y exigen a la Coepris la apertura, bajo la condición de cumplir con los protocolos establecidos, pues es insostenible seguir así. Dos horas más tarde, el coordinador Luis Moncada les pidió regresar por donde llegaron, pues su solicitud les fue negada.
En el preámbulo de un escenario político, hubiera estado interesante ver a los diputados locales Rosa González, Karla Mar, Joaquín Hernández Correa, Mon Marón y Miguel Gómez Orta acercarse con ese grupo de comerciantes y buscar ayudarlos. Con eso, le ganaban adeptos a la causa panista con miras al 2021; oportunidad perdida. Aprendan a los azules maderenses, quienes tratan de borrar la división para unirse en “Un solo equipo”. Por eso andan entusiasmados en redes sociales y con pancartas en todas las colonias de la urbe petrolera.
Otro fue ayer, pues ni el llamado de la autoridad por impedir la movilidad en domingo detuvo a Frenaaa, cuya convocatoria se cae. Se entiende cuando involucran a Jorge Gual, quien si bien es el único activista en calle (a diferencia de muchos en redes sociales), su pasado de sacar tajada personal le quita credibilidad, como en 2016 cuando pidió a César Verástegui meter a un familiar a la nómina estatal a cambio de parar sus reclamos.
Ahí no había por qué poner mano dura; en cambio, en el transporte público, necesario para miles de ciudadanos, se les aplica el rigor de la ley. Los usuarios son los afectados.
