Hechos, no palabras

Para hablar de la violencia contra las mujeres en México, también hay que hablar de la violencia con armas de fuego, las dos están relacionadas. Las tasas de homicidio en México habían estado disminuyendo durante años, alcanzando un mínimo histórico en 2007. Sin embargo, en los años siguientes, y coincidiendo con el comienzo de la guerra contra las drogas, las tasas de homicidio se dispararon. Entre 2007 y 2018, murieron aproximadamente 272 mil personas. Las mujeres representan entre 7 y 17% de las víctimas de violencia armada en Centroamérica, y es un hecho que las armas pequeñas y ligeras están involucradas en al menos el 70% de los homicidios y el 80% de otros delitos.

Los hombres siguen siendo más propensos a ser víctimas de homicidio que las mujeres; desde 2007, los homicidios contra hombres aumentaron un 234%, mientras que los homicidios contra mujeres aumentaron un 170%. Sin embargo, es más común que las mujeres sean asesinadas por asfixia o por objetos contundentes que por un arma de fuego. Aún así, no hay duda de que cuando se trata de homicidios con armas de fuego, la brecha de género se está cerrando: hoy, siete de cada diez hombres y seis de cada diez mujeres asesinadas en México son asesinados por armas de fuego. La violencia contra las mujeres en México y Centroamérica está intrínsecamente ligada a la violencia armada, que a su vez está directamente vinculada a EE. UU.

Los grupos de defensa se aprovechan del federalismo para llevar a cabo reformas a nivel local, donde existe el potencial de promulgar un cambio real. Lo que México puede hacer es continuar trabajando con exportadores europeos para monitorear y rastrear armas de origen europeo, asumir roles de liderazgo en grupos de trabajo multilaterales para ayudar a movilizar a las partes interesadas e intentar usar el federalismo en su beneficio.

No todos los cambios deben realizarse en la Ciudad de México o Washington; gran parte de la diferencia se logra cuando la gente se moviliza localmente. Además, una estrategia pública que invierta en el acceso a la salud mental y los recursos laborales para promover la vitalidad económica de las comunidades negras y pardas, junto con un modelo de salud pública y una campaña de educación contra la violencia armada, podría tener impactos beneficiosos duraderos.

El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, presentó una demanda en el noreste de Estados Unidos contra la industria que fabrica, comercializa y distribuye armas de fuego en la región de las Américas teniendo como argumento central la operación negligente en el manejo de ese negocio. Sin duda es un paso que, aunque se había intentado de formas similares en el pasado, no había tenido el impacto que ha tenido hasta ahora la iniciativa propuesta por el Canciller Marcelo Ebrard.

El contexto actual del país, desafortunadamente, apoya esta demanda debido a que según datos del INEGI, el 2020 y los resultados preliminares del 2021 presentan tasas más altas desde que existe registro de la tasa de homicidios en nuestro país.

De la mano de la iniciativa legal, se busca una compensación que representa el costo que ha tenido la muerte de tantas personas para nuestro país a manos de la violencia armada y sus efectos.

En el contexto del Tercer Informe de Gobierno, se debería considerar escuchar y poner en marcha más iniciativas como la mencionada, en la que se busca una verdadera mejora a la salud de México con una mirada al mediano/largo plazo para destinarle más recursos a las instituciones y programas existentes.