La reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, presidida por México durante el mes de Noviembre 2021, sobre el impacto del desvío y el tráfico de armas en la paz y la seguridad ha abierto la conversación entre muchas naciones que mostraron un profundo interés en el tema, así como apertura para colaborar en soluciones que funcionen a nivel regional y mundial.
La transferencia ilícita, la acumulación desestabilizadora y el uso indebido de armas pequeñas y ligeras y sus municiones son factores clave de los conflictos y la violencia armada a nivel nacional, regional y mundial. Facilitan la delincuencia organizada, obstaculizan la asistencia humanitaria y ponen en peligro a los civiles, incluidas las mujeres y los niños. Por lo tanto, debemos intensificar nuestros esfuerzos para combatir todo comercio o uso irresponsable e ilegal de armas. Como se destaca en el séptimo informe bienal del Secretario General de la ONU sobre armas, nuestros esfuerzos deben prestar especial atención a los graves efectos de los flujos incontrolados de armas en niños y jóvenes.
El Programa de Acción de la ONU para prevenir, combatir y erradicar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos y su Instrumento Internacional de Rastreo son herramientas importantes para reducir las amenazas que representan las armas no controladas.
El Gobierno de México presentó una demanda en la costa este de Estados Unidos en contra de fabricantes y distribuidores de armas de fuego, tomando al gobierno de Biden como aliado para confrontar a este enorme problema de seguridad y salud pública para toda la región de las Américas. Fabricantes de armas como Smith & Wesson y Sturm, Ruger & Co. pidieron el lunes a un juez de Estados Unidos que desestime una demanda del gobierno mexicano que los acusa de facilitar el tráfico de armas a los cárteles de la droga, lo que ha provocado miles de muertes.
Los fabricantes de armas en un escrito le dijeron a un juez federal en Boston que México buscaba a través de su demanda de $ 10 mil millones castigarlos por las ventas de armas de fuego “que no solo son legales sino constitucionalmente protegidas en los Estados Unidos”. Las empresas, que también incluyen a Beretta USA, Barrett Firearms Manufacturing, Colt’s Manufacturing Co. y Glock Inc. argumentaron que México estaba tratando de utilizar los tribunales estadounidenses para eludir una disputa diplomática con Estados Unidos, pero que no tenía la capacidad de demandarlos. Una contrademanda al gobierno mexicano exigiría una compensación por las pérdidas en su producción y venta de armas debido a la demanda del Gobierno de México, que en términos monetarios se traduciría en una demanda de pagos de cientos o incluso miles de millones de dólares.
La denuncia mexicana acusa a las 11 empresas estadounidenses de ser parte del problema del tráfico ilegal de armas fabricadas en Estados Unidos hacia México, y de corresponsabilidad en el empoderamiento del crimen organizado y los cárteles de la droga a través de sus arsenales.
Según datos presentados por el Subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Maximiliano Reyes Zúñiga, esta demanda tiene un alcance muy costoso para las empresas fabricantes de armas, debido a que casi 50% de sus ventas dependen del flujo de sus productos hacia Latinoamérica.
El costo de la violencia no solo es económico, es un costo humanitario que cobra la vida de muchísimas personas inocentes y representa una alarma para la salud pública del país que ha sonado por varios sexenios. .
Víctor Andrade Carmona*
* El autor es médico investigador del movimiento Ciencia Previene Violencia, una iniciativa del Instituto de Salud Pública Anáhuac, Universidad Anáhuac México
