Las y los servidores públicos en materia de seguridad, procuración e impartición de justicia viven un momento muy complicado. Ya sea que se trabaje con total objetividad y profesionalismo o bien, en complicidad con algún grupo delictivo, todas y todos son vulnerables.
En el primer caso, porque se estorba, en el segundo porque se es objeto de venganza. Ya no solo es el policía municipal asesinado al que veían distante y criminalizaban en la mayoría de las ocasiones, la violencia directa ya alcanza a titulares de seguridad pública, así como a integrantes del Poder Judicial. En el poco probable caso de contar con información de inteligencia sobre un posible atentado ¿qué es lo que debió o se debe hacer? Manejar este tipo de información sin duda es muy complejo y requerirá si o si, la colaboración de los distintos niveles de gobierno.
Estas son algunas propuestas:
• El obvio cambio de rutas, horarios y vehículos para el desplazamiento de probables objetivos, así como el refuerzo en número y adiestramiento del personal responsable de la seguridad.
• Invertir en la seguridad. La compra de vehículos blindados, armamento y equipo no es un gasto superfluo o vanidoso: es lo menos que podrían esperar quienes arriesgan su vida en beneficio del bien común.
• Labores de contrainteligencia en los puntos vulnerables como casa y oficina, puntos que aún cuando se cambien las rutas, son ineludibles.
• Redoblar los esfuerzos tanto de inteligencia como operativos, para combatir al grupo delictivo identificado. Recordemos que la delincuencia tiene dos opciones: invertir energía en intentar escapar de una autoridad que la persigue o desarrollar a sus anchas el espíritu creativo ante la inacción del Estado.
• Fortalecer la intervención de comunicaciones como técnica de investigación, a fin de que la información captada no solo sirva para la protección de funcionarios, sino también para fortalecer las carpetas de investigación, solicitar cateos.
• Rotación de personas privadas de la libertad en centros penitenciarios o mejor aún, atracción a penales federales cuando así corresponda (que considerando el nivel de delincuencia organizada actual, habría muchos candidatos). Si es posible gestionar una extradición, hacerlo a la brevedad.
Y sin duda existen muchas opciones más. El “pero” es que en todas ellas es necesaria e indispensable la coordinación entre niveles de gobierno e instancias de seguridad y justicia.
Ante la amenaza, lo peor que se puede hacer es no hacer nada y dejar a las y los funcionarios a su suerte.
No protegerles es sinónimo de que el miedo paraliza al Estado ante el crimen y un mensaje a la ciudadanía de que ni siquiera se puede proteger a los de casa.
