Un homicidio de siete personas a las 6:00 de la mañana en un bar, identificado como punto de venta de droga y que administrativamente hablando, tenía la licencia de venta de bebidas alcohólicas vencidas.
¿Cómo puede ocurrir esto?
Las condiciones para ello son más comunes de lo que pensamos.
En este caso, la (comúnmente denominada) Dirección de Fiscalización recibía un pago con tal de dejar operar al bar, aún sin renovar la licencia y prácticamente no visitaba el establecimiento.
El argumento del personal que trabajaba en esa área es que era una zona difícil y que había mucho riesgo en ir como civiles, a verificar si estaban cumpliendo. Mientras tanto, los de arriba se arreglaban económicamente para dejarlos operar… sin que el dinero llegara a las arcas municipales.
Una pelea de gallos clandestina, un anexo, un prestigiado restaurante operando fuera de horario… todos ellos terrenos fértiles para el delito, no solo en la falta administrativa a los reglamentos, sino por lo que ahí ocurre mientras hay quien voltea a otro lado: narcomenudeo y trata de personas, cuando menos.
Las áreas de fiscalización han sido siempre muy peleadas en los gobiernos, porque desafortunadamente, tal y como el ejemplo citado (que conjunta muchas realidades), es la vía para obtener recursos extras que van a dar a bolsillos particulares.
Es un área de “poder”, en donde para que se obtenga el permiso aspirado, “hay que llegarle” o “quedar bien” con el encargado.
Así las cosas.
¿Qué sería lo más recomendable?
Que estuviera en el organigrama de seguridad pública, que los pagos fueran electrónicos, establecer candados anticorrupción y transparentar la función.
Ello de inicio, haría que cualquier permiso expedido tuviera la visión de evitar conductas y escenarios de riesgo.
También permitiría generar operativos y acciones en donde la verificación de licencias y permisos estuvieran acompañados de la fuerza pública, por quienes a la par tienen la posibilidad de ser las y los primeros respondientes ante el delito. Un área de asuntos internos eficiente también es la vía natural para la ciudadanía para reportar abusos o actos de corrupción, lo que no ocurre en el caso de fiscalización a quien difícilmente o al menos de manera expedita, una contraloría sanciona.
Sin mencionar que las licencias, permisos y multas, llegarían efectivamente a la recaudación municipal.
¿Por qué visión apostarán los nuevos ayuntamientos? Los tiempos han cambiado y la fiscalización hoy tiene un carácter preventivo y no solo de recaudación.
Delegar un criterio a un área administrativa sobre decisiones que tendrán impacto en seguridad, es responsabilidad de un Ayuntamiento completo, así como de las y los alcaldes, quienes de tener una visión corta, pueden ser causantes directos o indirectos de situaciones del delito o incluso, de desgracias colectivas
Sophia Huett
