Existe quien propone que en la solución a la violencia y la inseguridad, se debe ponderar el combate a la pobreza como la gran solución. La experiencia de América Latina indica que aun cuando las tasas de pobreza se reducen, incluso a los niveles más bajos en décadas, la violencia persiste. Números de las Naciones Unidas indican que en esta región la pobreza bajó del 41.7 al 25.3%; sin embargo, muchas de sus ciudades son consideradas altamente violentas. Los analistas señalan que los esfuerzos para la reducción de la pobreza se basaron en un modelo orientado al consumo: transferencias directas de dinero en efectivo de las arcas gubernamentales. Sin embargo, no hubo mejoras en los salarios y para el individuo no se generaron soluciones que le permitieran la movilidad social. ¿Por qué el aumento de los ingresos no disminuye la violencia? Por un lado se observa que a medida que crecen los ingresos, los costos de oportunidad del delito también crecen, así como también crece la demanda de seguridad y protección. Los estudios también indican que la inversión en desarrollo social por sí misma, no reduce la violencia, además de que el tamaño estadístico de la clase media y la pobreza no se relacionan con las tendencias de violencia. Datos del Banco Mundial advierten que un crecimiento del 1% del PIB se correlaciona con 0.24 menos homicidios por cada 100 mil habitantes. A mayor crecimiento, se genera un factor protector que reduce los beneficios del delito. En cuanto a la desigualdad, entre más disparidad se presente en los ingresos es probable que haya una tasa más alta de violencia. Esto ocurre en razón de dos aspectos: la disparidad en la riqueza genera mayor competencia entre los sectores que sufren una alta tasa de desempleo y una limitada movilidad social; de igual forma, se genera una competencia entre ricos y pobres por los bienes públicos, incluyendo el de la seguridad. En términos prácticos, los mejores servicios, incluyendo el trabajo policial, podría concentrarse en las zonas más favorecidas, dejando en las zonas pobres un servicio deficiente. Si a ello sumamos otras mediciones de pobreza que no se relacionan con los ingresos, como el acceso a servicios de protección social y salud, encontramos alicientes para el incremento de la violencia homicida. En cuanto a los jóvenes, los datos señalan que el incremento de 1% en el desempleo de este sector, provoca un 0.34% adicional en la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes.
La explicación es la participación de jóvenes en conductas delictivas y las ventajas que encuentran al participar en un mercado delictivo respecto a la economía formal, como el propio ingreso. Brasil, por ejemplo, reporta que cuando el desempleo crece en 1%, el número de homicidios aumenta en 2.1%. México comparte la tendencia con países latinoamericanos en cuanto a que tanto perpetradores como víctimas son jóvenes, que en muchas ocasiones carecen de trabajo y son desertores escolares, para quienes los beneficios de delinquir supera los costos que conllevan. En conclusión, si México no crece, no se atraen inversiones que generen empleos mejor pagados, para los cuales se necesiten perfiles altamente especializados que motiven una mejor preparación, aunado a recortes a servicios de protección social y salud, no hay deseo de bienestar que alcance para disminuir la violencia.La entrega de dinero directo a la ciudadanía contribuye al consumo, pero no genera rutas de movilidad social. Los números son claros: 2019 sin crecimiento económico, 2019 con un número histórico de violencia homicida.
