Tras terminar el horario de servicio en su carnicería, Fernando bajó la cortina, tomó una pistola y se disparó en la sien.
Al día siguiente, un empleado alertó que algo había pasado en el local y llamó a la autoridad, que encontró el cuerpo de Fernando detrás del mostrador.
El dolor embargó a su familia. A su esposa y a sus dos jóvenes hijos, la muerte les produjo un gran impacto, por no detectar oportunamente la intención suicida y al preguntarse si hubieran podido ayudarlo para evitar ese trágico fin. Ante la tristeza, fue otro familiar quien ayudó a las autoridades en el reconocimiento del cuerpo.
Aún no secaba el cemento que sostenía la lápida de Fernando cuando vino otro duro golpe para sus hijos: la publicación en un medio de comunicación del hallazgo de su padre, en medio de un charco de sangre y con la cabeza destrozada.
“Se pega un tiro carnicero” era el encabezado de la nota con una fotografía muy explícita del fallecido.
Este es uno de tantos casos en los que, como el de Ingrid Escamilla, un policía, socorrista o personal del C4 toma una foto en el lugar de los hechos o la extrae de un informe, para luego lucrar con el morbo y filtrar o vender una imagen dolorosa para las familias de las víctimas.
¿Será darse un tiro en el pie?
En el caso de Ingrid, la difusión de su foto fallecida provocó una nutrida protesta en la Ciudad de México por la violencia ejercida no solo por quien la privó de la vida, sino también por quienes filtraron la fotografía y la difundieron.
¿Y a quién enviaron a “contener” la protesta? Si, a la Policía. En esta ocasión y en muchas otras más, la decisión de UN policía, pone en una situación delicada a toda La Policía.
Es darse también un tiro en el pie cuando se trata de la difusión de fotografías de detenidos. Mostrar su rostro, fotografiado en vehículos institucionales o instalaciones policiales, una vez que está en custodia de las autoridades, es oro puro para la defensa que podrá argumentar violación al debido proceso y solicitar su libertad.
De nuevo en la calle ¿en contra de quién podría actuar el delincuente? Probablemente querrá “vengarse” del policía que lo detuvo y no aceptó soborno, aún cuando no haya sido quien filtró la foto. Con un envío “inocente” a través de mensajería de telefonía celular, policías o personal administrativo ponen en riesgo la vida de sus propios compañeros y compañeras.
Es darse un tiro en el pie cuando se busca disminuir la percepción de inseguridad o al menos aparejarla a la realidad y al mismo tiempo hay quienes venden fotos con la mayor cantidad de sangre posible para su difusión.
¿Hay herramientas legales que prohíban este actuar? Claro que lo hay. En la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se establece que dentro de las obligaciones de las y los integrantes de instituciones de seguridad, está el preservar la secrecía de los asuntos que conozcan, que no deben sustraerse información en perjuicio de las instituciones y que deben abstenerse de dar a conocer a quien no tenga derecho, documentos, registros, imágenes y estadísticas de las que tenga conocimiento con motivo del ejercicio de sus funciones.
¿Y entonces?
Falta decisión, principalmente de los gobiernos locales, para hacer cumplir la ley, lo que es a su vez, una violación a la propia ley. Para las víctimas y sus familiares, la opción es presentar su caso ante instancias de Derechos Humanos, a fin de que se identifique a quienes participaron en la difusión ilícita del material.
Para las y los policías de bien el asunto es un poco más complejo: ¿qué haces cuando ves la foto de tu detenido en una red social? ¿a quién acudes?
El buen juez por su casa empieza.
