El pasado domingo se celebraron las primeras elecciones judiciales en México. Los datos hablan por sí mismos: según cifras del INE, con cerca del 90% de las actas computadas, la participación en la elección de ministros de la Suprema Corte apenas alcanzó el 12.2% del padrón electoral. Esto incluye los votos nulos (10.8%), las boletas con casillas sin marcar (11.9%), y muchos votantes inducidos por acordeones y otros artilugios. Fue una jornada marcada por la apatía y el desconcierto frente a un proceso complejo, con poca información sobre las candidaturas y sin las garantías mínimas para un recuento confiable.
No se puede atribuir la baja participación solo al desinterés ciudadano (18%). Es el reflejo de una elección mal diseñada desde el origen y con una clara intencionalidad política. No se buscaba democratizar la justicia, sino asegurar Poderes Judiciales alineados con el proyecto de la 4T. Muchos ciudadanos lo comprendieron y decidieron no participar (29%) o simplemente no lo hicieron porque carecían de información para votar (15%) (Datos encuesta telefónica GEA-ISA 1 de junio).
La jornada electoral marca solo el inicio de las dificultades. La tan pregonada “legitimidad democrática” de las personas juzgadoras quedó en entredicho. ¿O alguien puede razonablemente argumentar que la genera solo el 10% de los votos? ¿Con qué legitimidad decidirán los juzgadores los asuntos si, de entrada, el proceso no les otorgó imparcialidad e independencia?
Por otro lado, el diseño de la reforma permitió candidaturas promovidas por los poderes fácticos. Una vez que los candidatos tomen posesión, las facturas se cobrarán. Además, en muchos estados bastó una mínima movilización para que las personas respaldadas por los gobiernos locales fueran electas. Con pocos votos, varios gobernadores colocaron jueces leales, y que permanecerán en sus cargos mucho después de que ellos se hayan ido. A esto se suman condiciones estructurales que facilitan e incentivan la corrupción.
Pero quizá el problema más grave es que esta reforma generará, más pronto que tarde, un serio problema de gobernabilidad para la presidenta Sheinbaum. La justicia será un campo minado por la ideología, los intereses y el poder. La certeza jurídica estará en entredicho y las decisiones serán apuestas que ganará el mejor postor. Y todo esto incidirá en la conducción y el crecimiento del país. Al tiempo.
P.D. En contraste, miles de ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla cumplieron cabalmente su labor. En México, a pesar de todo, persiste un profundo sentido cívico que permitió que la jornada transcurriera de manera mayoritariamente pacífica y ordenada. Ese México silencioso, comprometido y responsable, también existe, aunque pocos hablen de él.
