Tienen razón diversos columnistas y líderes de opinión al referir que: “…el presidente Andrés Manuel López Obrador pudo haber optado por la muerte, pero prefirió decidir por la vida”.
Lo hizo en congruencia con su formación humanista, su inclinación pacifista y su vocación por ponderar, en todo momento, el bienestar de las familias, velando siempre por su integridad. Esta convicción la refrendó sin reparar en cálculo político alguno, al decir: “no puede valer más la captura de un delincuente que la vida de las personas”. La captura de un delincuente puede darse en otro momento, pero lo que no tendría lugar ni ocasión de reparación alguna, es el doloroso resultado que podría traer una inminente y cruenta masacre.
De ahí que el desenlace de ese jueves negro en Culiacán, la solución al latente cotejo de fuerza de la autoridad con el crimen organizado, no solo debía darse con certeza, responsabilidad y sensatez, sino con oportunidad pues de ello dependía la vida o la muerte, tal vez de cientos de civiles inocentes, de militares y sus familias, quienes ya se encontraban amenazadas por las células delincuenciales diseminadas por toda la ciudad capital.
La conclusión del peligroso suceso llegó cuando el presidente López Obrador aprobó la recomendación del Gabinete de Seguridad, de liberar al capo retenido, a fin de que cesaran las hostilidades del grupo delictuoso.
Este hecho no es inédito en nuestro país. En agosto de 2012, Nemesio Oseguera, El Mencho, líder del CJNG, fue capturado en Zapopan por la Marina, causando múltiples enfrentamientos y narcobloqueos. Fue liberado dos horas después, presuntamente por la intervención del gobernador de Jalisco el panista Emilio González, avalado por el Presidente –panista también– Felipe Calderón. La evidencia de este suceso la documentaron en su momento los medios de comunicación, aunque los gobiernos local y federal nunca informaron lo realmente ocurrido.
¿Cuál es la diferencia entre ambos sucesos? La detención y liberación del líder del CJNG se mantuvo bajo reserva porque tal como trascendió, había funcionarios de gobierno que podían quedar expuestos a la sospecha de complicidad; la captura y liberación del hijo de El Chapo Guzmán, en cambio, se informó paso a paso por las autoridades, sin ocultar nada, sin mentir, se reconocieron errores, asumiendo la responsabilidad política que ello supone.
Además, el lamentable caso Culiacán dejó al descubierto dos visiones completamente distintas de enfrentar la violencia: en 2007, Felipe Calderón dijo en su “guerra” contra los grupos del narcotráfico “costará vidas humanas inocentes (¡y vaya que costó!), pero vale la pena seguir adelante”; en cambio, el presidente Andrés Manuel López Obrador, a propósito de su decisión sentenció: “un dirigente puede poner en riesgo su vida, pero no tiene derecho a poner en riesgo la vida de los demás”.
Finalmente, ante el operativo fallido, reiteradamente reconocido por los altos mandos, se impone el deslinde de responsabilidades ordenado ya por el presidente López Obrador.
