Luego de la manifestación de colectivos de padres de familia. El Congreso de Jalisco se encuentra en medio de una discusión que ha despertado inquietudes en distintos sectores de la sociedad. La reforma al artículo 23, fracción VIII, de la Ley del Registro Civil busca permitir que niños y adolescentes modifiquen su identidad de género en documentos oficiales, lo que ha generado un intenso debate sobre los derechos de la infancia y el papel de los padres en la toma de decisiones que afectan a sus hijos.
Más allá del fondo de la iniciativa, la manera en que se ha llevado el proceso legislativo ha levantado dudas sobre su transparencia. La cancelación de foros con especialistas, la falta de una discusión amplia y la reasignación del dictamen a la Comisión de Igualdad Sustantiva, sin la participación de otras instancias, han generado una legítima preocupación. Cualquier reforma que tenga un impacto tan significativo en la vida de los menores y sus familias debería ser abordada con rigor, tomando en cuenta la opinión de expertos en derecho, desarrollo infantil y medicina, así como de la sociedad en general.
Uno de los puntos más sensibles es la posibilidad de que los menores realicen estos cambios sin el consentimiento de sus padres. Quienes cuestionan la reforma advierten que esto vulnera la patria potestad y sienta un precedente riesgoso en la relación entre el Estado y la familia. No se trata de negar derechos, sino de garantizar que las decisiones que afectan a los niños se tomen con la madurez y el acompañamiento adecuado.
En un tema tan delicado, la prudencia debe prevalecer sobre las presiones políticas o ideológicas. Los colectivos pro-familia han insistido en que el bienestar de los menores no puede quedar sujeto a cambios apresurados en la legislación, especialmente si estos se realizan sin un debate amplio y sin escuchar todas las voces. Su preocupación es legítima y merece ser atendida sin descalificaciones.
El gobernador Pablo Lemus tiene la oportunidad de garantizar que esta reforma se discuta con apertura y responsabilidad. Aunque el Congreso es un poder autónomo, su liderazgo puede contribuir a que el proceso sea transparente y que la votación no se realice en secreto, sino de cara a la ciudadanía. El reto no es menor: lo que está en juego no es solo una modificación legal, sino el respeto a la familia como institución fundamental de la sociedad y el derecho de los padres a velar por el bienestar de sus hijos.
Independientemente del desenlace de esta reforma, es fundamental que cualquier decisión se tome con el análisis adecuado, sin atajos ni imposiciones. La infancia y la familia son pilares de nuestra sociedad y no pueden ser tratadas con ligereza en el ámbito legislativo.
