Al 20 de agosto pasado, diez órganos garantes autónomos locales en materia de acceso a la información y protección de datos personales han desaparecido en México, de acuerdo con el puntual seguimiento que realiza la aún comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (InfoCdMx), María del Carmen Nava Polina.
Los estados en esa tesitura: Tabasco, Chiapas, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Michoacán, Aguascalientes, Zacatecas, Tamaulipas y Coahuila. 18 entidades, entre ellas Jalisco, están en proceso de armonización constitucional o bien en adecuación de sus normas secundarias; en tanto, cuatro, Campeche, Ciudad de México, Sonora y Chihuahua, no han aprobado adecuaciones constitucionales y menos aún leyes secundarias.
Con el nuevo modelo constitucional federal en materia de acceso a la información y protección de datos personales, la fragmentación de autoridades garantes pasará de 33 (32 locales y el entonces INAI), a cuando menos 264, incluidos los correspondientes al ámbito federal.
Con la reforma de 2007 al artículo 6° Constitucional se establecieron los parámetros básicos en materia de acceso a la información, impulsados desde Guadalajara, liderados por María Marván Laborde, entonces presidenta del IFAI (antecedente del INAI). La finalidad, que toda persona, en cualquier rincón del país, pudiera ejercer sus derechos de manera igual: derechos de igualdad ejercidos con medios iguales. Así, se avanzó en órganos garantes locales con articulación en un órgano garante que dejó de ser federal a nacional (del IFAI al INAI), y se estableció un mecanismo común para el ejercicio de derechos comunes (la Plataforma Nacional de Transparencia), así como la generación de criterios y lineamientos comunes para ello en casos específicos emergentes.
El nuevo modelo constitucional, al fragmentar las instancias para la garantía de derechos (por ahora identificables 264), pretende salvar la fragmentación a través de un Sistema Nacional de Acceso a la Información, conducido por un Consejo Nacional, presidido por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, pero sin presencia ciudadana (es decir, sin sujetos obligados que son a la vez autoridades garantes); o sea, un sistema endogámico de acceso a la información pública y lo que ello implica.
Esto último, Jalisco busca superarlo, y en proceso está su confección con la participación ciudadana.
Por lo pronto, para entrar a los detalles, habrá que ver cuándo el Congreso del Estado cierra el proceso de armonización constitucional que “corre” en los ayuntamientos. Al 17 de julio, 27 ayuntamientos habían comunicado su voto sobre la reforma del 10 de junio (24 a favor y 3 en contra); en la siguiente sesión del Congreso veremos cuántos más se han pronunciado, y a la espera de qué posición toman Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, Puerto Vallarta, Tlaquepaque, por citar los más referentes. Tepatitlán ya se posicionó en contra, pero aún no se comunica el Pleno del Congreso.
