Arrancamos septiembre de festividades patrias, cargadas de patriotismo y soberanía retórica, incluso un tanto vacías y alimentadas de folklore desde el poder. Pero hay una fecha, el 28 de septiembre, que desde 2015 la Unesco declaró Día Internacional del Acceso Universal a la Información, y que este año tiene como tema “Garantizar el Acceso a la Información Ambiental en la Era Digital”.
Señalo, básicamente, como irónico, porque septiembre será el mes en que el Congreso de Jalisco cierre el proceso de reforma constitucional para el nuevo modelo de acceso a la información pública y protección de datos personales, impuesto desde la Constitución federal desde diciembre del año pasado.
¿Qué falta? Que el Congreso de Jalisco cierre el proceso de reforma que transita en los 125 ayuntamientos, los cuales deben dar su voto a la reforma aprobada el pasado 10 de junio. Va lento, o lo están haciendo lento por las implicaciones que tendrá en todos los sujetos obligados a la transparencia, quienes serán a la par autoridades garantes con la desaparición del órgano garante aún existente: el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI).
Aún no se han pronunciado los ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, por citar algunos de referencia por su peso en el estado sobre la reforma; pero en cuanto el Congreso del Estado dé por concluido el proceso de reforma constitucional, arrancarán los 90 días de “duelo” para el ITEI, pues será el tiempo que le restará para su extinción luego de 20 años de vida.
Volviendo al tema ambiental del Día Internacional del Acceso Universal a la Información, ¿qué se hará en Jalisco? Si bien la Unesco pone su foco de atención en el sudeste asiático, ello no exime a Jalisco replantearse “la importancia vital del acceso oportuno, exhaustivo y transfronterizo a la información ambiental en un mundo cada vez más digital”.
La Nota Conceptual de la Unesco sobre dicho día bien que se puede abordar desde lo local, pues “los datos ambientales, que abarcan el cambio climático, la contaminación, la biodiversidad y los riesgos de desastres, trascienden las fronteras nacionales, lo que requiere un intercambio de información global colaborativo, transparente e innovador”.
Y vaya una nota sobre el derecho a la información en México y Jalisco: en 1996, mucho antes de las leyes sobre el acceso a la información pública (transparencia), se incorporó en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente el capítulo del “Derecho a la información ambiental”, siendo con ello el primer desarrollo normativo en ese derecho fundamental, producto de una labor silenciosa de activistas ambientales en México.
Así como están las cosas, septiembre, irónicamente, puede ser la fase final de la sepultura de un modelo de acceso a la información, pero también la configuración de uno nuevo, desde lo local y desde los sujetos de ese derecho, no desde los sujetos obligados a garantizarlos.
