El Estado, en manos de un régimen con vocación autoritaria, se vuelve un instrumento de dominio y opresión.
No hemos sobrellevado aquí (todavía) las durezas de un sistema verdaderamente tiránico pero sí hemos visto que el aparato de doña Justicia se ha puesto en marcha para encarcelar a mujeres como Alejandra Cuevas Morán (perseguida ni más ni menos que por el mismísimo Fiscal de la República, un personaje todopoderoso en su condición de primer abogado de la nación), Rosario Robles (llevada primeramente a prisión utilizando una prueba fabricada, una licencia falsa de conducir y, en un momento posterior, potencial beneficiaria del tentador ofrecimiento de recobrar su libertad si denunciaba a Emilio Lozoya y Enrique Peña, cosa a la que ella se negó por no tener pruebas para indiciarlos) y la jueza Angélica Sánchez Hernández, entre otras tantas ciudadanas privadas de su libertad, muchas de ellas víctimas de una terrorífica medida cautelar, la prisión preventiva oficiosa, cuyo catálogo de delitos pretende ahora ampliar sustancialmente el aparato de la 4T.
Hemos presenciado también la detención de un buen número de hombres de todas las procedencias, gente que no perpetró necesariamente delitos merecedores de castigos carcelarios pero que no le resultaba enteramente cómoda a algún mandatario estatal o a quienes se mueven en las altas esferas del poder: un antiguo procurador, culpable de haber establecido la mentada “verdad histórica” para explicar el atroz asesinato de los estudiantes de Ayotzinapa; el fiscal del estado libre y soberano de Morelos, por no plegarse a la voluntad del sumo cacique local, uno de los favoritos del oficialismo; periodistas; empresarios acusados de no pagar lo que decreta el implacable Servicio de Administración Tributaria; en fin, una lista demasiado larga en tanto que se trata, en la mayoría de los casos, de personas que deberían de estar amparadas por las garantías y los derechos inscritos en nuestra Constitución.
Justamente, todos estos ciudadanos han podido beneficiarse de la intervención de los jueces para resolver los casos, a pesar de todos los pesares y de haber sido sometidos en su momento a la privación de la libertad. En respuesta a las impugnaciones y diligencias de sus abogados, se les han dictado sentencias absolutorias, en algunas ocasiones, o por lo menos les han mitigado las durezas del proceso al enfrentarlo fuera de la cárcel.
En lo que se refiere a Rosario Robles, un tribunal colegiado en materia penal la exoneró de cualquier cargo en relación a la llamada “Estafa Maestra”. La mujer pasó tres años encarcelada, miren ustedes, y esto nos habla de la manera tan escandalosamente torcida en que opera la justicia en este país.
El gran tema, precisamente por ello, es vislumbrar ahora lo que nos espera en el caso de que ocurra el desmantelamiento del andamiaje judicial que intentan los actuales gobernantes. Lo poco que tenemos –esos recursos de última instancia, esa posibilidad de acogerse al procedimiento de amparo para afrontar las arbitrariedades del poder y esos dictámenes finales de los magistrados para resolver las injusticias— lo vamos a perder cuando los jueces estén en manos de Morena.
Es el peor de los escenarios para la nación mexicana.
