Deberíamos reconocer que los gobiernos anteriores por sí, o presionados por las relaciones internacionales y las organizaciones civiles, crearon grandes instituciones.
Aceptar, también, que las instituciones son la infraestructura virtual del Estado: sin ellas no son posibles la organización y el progreso sostenible.
Una institución eficaz para combatir la ineficiencia, el nepotismo y la extorsión imperantes en la burocracia es el estricto servicio civil de carrera.
Esto es, la existencia de dependencias encargadas de la formación y disciplina de los servidores públicos; regidas por los principios de imparcialidad, igualdad de oportunidades y reconocimiento de los méritos.
Dependencias que operen las condiciones de ingreso, permanencia, ascensos y retiros de todos los empleados gubernamentales a través de la capacitación, actualización y evaluación permanentes.
Cuyo objetivo primordial es la formación de servidores comprometidos con el interés común y ajenos a consideraciones partidistas.
Si eso es deseable en todas las tareas gubernamentales, en la administración de justicia debe ser una condición sine qua non.
En esa función, el servicio civil de carrera debe evolucionar a servicio profesional de carrera, por el grado de especialidad, eficiencia y probidad que requiere su alta finalidad que es la vigencia del Estado de Derecho.
Para eso existe la Escuela Federal de Formación Judicial; sin embargo, en vez de perfeccionarla se ha propuesto que los juzgadores se elijan por votación popular; arguyendo que carecen de legitimidad porque no son electos popularmente; y que eligiéndolos terminarán las corruptelas en la administración de justicia.
Si eso fuera verdad, por congruencia, también los secretarios y subsecretarios de Estado deberían elegirse popularmente.
Para templar la propuesta, quizá sería aceptable la votación del presidente de la Corte y los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia estatales, y se respetara la carrera profesional para magistrados y jueces.
