La descomposición del sistema jurídico es uno de nuestros grandes problemas. Los legisladores no respetan la jerarquía ni la coherencia que tdebe de existir entre las leyes.
El sistema legal debe ser un conjunto ordenado de leyes subordinadas a la Constitución federal y coherentes y coordinadas entre sí.
En México se ha trastornado el sistema creando leyes y normas de aplicación casuística difíciles de interpretar y aplicar porque son incongruentes.
Un ejemplo contundente es la destitución del Fiscal de Delitos Electorales, ordenada por el Encargado del Despacho de la Procuraduría General de la República.
El Encargado del Despacho argumenta que de conformidad con el artículo 18 transitorio de la reforma constitucional de 2014, está facultado para remover libremente al Fiscal; y que el motivo fue la divulgación de información reservada.
Es el caso, que dicho artículo es contradictorio en sí mismo y, lo más delicado, contradice al derecho fundamental de garantía de audiencia.
El artículo 18 dispone que el Procurador General de la República podrá remover libremente al Fiscal; pero la remoción puede objetarse por la Cámara de Senadores que podrá restituirlo. Así, pues, la libertad de remoción es una falacia puesto que los senadores decidirán definitivamente.
Por otra parte, el 14 constitucional dispone que nadie puede ser privado de sus derechos, sino mediante juicio seguido ante tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.
La remoción del Fiscal Especial debió llevarse a cabo en un procedimiento en el que se le informaran los cargos y se le diera la oportunidad de defenderse.
Corresponde ahora a los senadores imponer el respeto a la garantía de audiencia y restituir al Fiscal para salvaguardar la jerarquía y la congruencia del orden jurídico.
