Miles de ciudadanos marcharon en contra de la pretensión presidencial de reformar la Constitución para disminuir la autonomía del INE y someterlo al control gubernamental.
Esto ha generado repercusiones positivas y negativas.
Las bondades son inocultables e inobjetables: la convocatoria fue exitosa; la respuesta ciudadana inmensa, ordenada y contundente.
El apoyo al INE y no a una persona, significa que gran parte de la ciudadanía está decidida a proteger la democracia electoral, que arrancó a partir de la reforma de Reyes Heroles en 1977, y dispuesta a superar el bache actual.
La trascendencia de la marcha es evidente porque despertó en la ciudadanía la certeza de que la unidad y la coordinación pueden vencer las adversidades y seguir afianzando el camino de la libertad política.
Para que este triunfo no se diluya, las acciones ciudadanas deberán estructurarse en torno a una visión y programa de nación cuyos propósitos sean el avance progresivo de la vida en democracia y del bienestar general.
Además, las dirigencias del PAN, PRI y PRD deberán de respetar el carácter civil de la marcha, fortalecer su alianza, y no tratar de adjudicarse el éxito porque eso demeritaría la fuerza moral y cívica de la protesta.
Otra repercusión de la marcha fue el deseo positivo de que el Presidente dejara de polarizar y enfrentar a la población, y convocara a la reconciliación y unidad nacional.
Pero, lamentablemente, el Presidente ha reaccionado de manera negativa.
Ya anunció una concentración en el zócalo para sofocar los efectos de la marcha; y el debilitamiento del INE a través de reformas a las leyes ordinarias.
Si mediante leyes ordinarias se modifican las normas electorales constitucionales, se dará un giro de 360 grados para volver al presidencialismo extremo, al partido hegemónico y a la democracia dirigida.
