Atentar contra la estabilidad y funcionalidad de las instituciones electorales, es arriesgar la conservación de nuestro régimen republicano y democrático.
Ese peligro subyace en el conflicto entre el Instituto Nacional Electoral (INE), Félix Salgado Macedonio y otros y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Es probable que el fondo de esta controversia no sea resolver si el INE canceló legalmente el registro de los precandidatos de MORENA; o si en realidad se trata de denigrar al INE.
Me explico: la ley prevé que los precandidatos informen oportunamente sus gastos de precampaña.
El INE resolvió que los precandidatos no cumplieron; y, consecuentemente, aplicó la sanción prevista en la Ley cancelando el registro de las candidaturas.
Félix Salgado Macedonio y los demás afectados, recurrieron la resolución ante el TEPJF, que consideró que el INE actuó conforme a derecho, porque los precandidatos no informaron los gastos de las precampañas.
Pero el TEPJF no confirmó la resolución del INE, sino que le devolvió el expediente para que individualice la sanción; no porque la norma no sea clara y aplicable, sino porque es posible otra interpretación que proteja los derechos humanos y el principio pro persona aplicando una sanción menos severa.
La argumentación del TEPJF es oscura y confusa. Si el INE actuó conforme a derecho el TEPJF debió de confirmar la cancelación.
Por el contario, si la sanción es excesiva y violatoria de derechos humanos, debió anular la resolución del INE y reponer el registro de los precandidatos.
Sin embargo, devolvió el expediente al INE que ratificó su decisión. Ahora los precandidatos ocurrirán de nuevo al TEPJF.
Este círculo innecesario evidencia la intención de hacer ver al INE como un enemigo del pueblo y de la democracia que debería desaparecer.
