El movimiento de solidaridad con la escritora y guionista Delfina Careaga (1937) luego de haber sido despedida de su empleo en la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México revela, al menos, dos rasgos de la política pública actual del gobierno estatal en materia de cultura.
El primero, la opacidad en las decisiones de transformar la infraestructura cultural humana y material, que a todas luces semeja a un sistemático desmantelamiento de ésta, en aras de un proyecto suplente que no muestra visión de largo plazo.
Injustificadamente, se han cerrado centros regionales de cultura y, por ende, se ha adelgazado la planta docente que fomentaba la recreación artística no solo del alumnado, sino de la comunidad social formada alrededor de esos espacios de formación y expresión.
En ese tenor, se ha disminuido la dotación de estímulos a la creación y difusión del patrimonio cultural tangible e intangible, así como el patrocinio a iniciativas de integración e identidad cultural comunitaria, con efectos desalentadores entre quienes impulsan la gestión cultural independiente en las comunidades y grupos sociales a donde la administración pública no llega directamente.
El segundo rasgo de la política cultural actual es la falta de sensibilidad al ejecutar esas decisiones, al grado que se advierten como imposiciones sin interés de dialogar con las personas afectadas ni consideración de las consecuencias en todos los órdenes de la vida pública. No es extraño entonces que las personas agraviadas generen movimientos de razonada exigencia de restituir aquello que se ha retirado con insolente arrebato. Lo vivimos varias veces desde 2017, en distintos ámbitos del quehacer artístico; en particular, recuérdese el injustificado retiro del nombre del maestro Carlos Olvera del Museo de Arte Moderno, en la ciudad de Toluca.
Y es el caso hoy del empleo indignamente retirado a Delfina Careaga. Numerosas personalidades, cuya trayectoria ejemplar les da la estatura moral para exigir sin reproche que le sea restituido ese empleo a la escritora y guionista, han concluido que esta injusticia colma la serie de ocurrentes decisiones alejadas del escrutinio público adoptadas en una fría oficina del Centro Cultural Mexiquense, donde no se lee ni siquiera el discurso del día siguiente.
Ante el silencio de la autoridad, en la conversación corriente se expresa que falta poco para que termine la presente gestión administrativa y con ello los atropellos que la distinguieron. Al tiempo.
Porfirio Hernández
