El portal del Centro Nacional de Inteligencia así la define: “La seguridad nacional es la condición indispensable para garantizar la integridad y la soberanía nacionales, libres de amenazas al Estado, en busca de construir una paz duradera”.
Siendo el corazón de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, las acciones que cristalizan su fin buscan: “Mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano; proteger al país frente a riesgos y amenazas; preservar la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio; mantener el orden constitucional y la unidad de la Federación, así como fortalecer las instituciones democráticas de gobierno; defender al país frente a otros estados o sujetos de derecho internacional; y preservar el régimen democrático fundado en el desarrollo social, económico y político”.
Los principios que guían tales afanes están asociados a la legalidad, responsabilidad, confidencialidad, lealtad, transparencia, eficiencia, coordinación, cooperación y respeto a los derechos humanos.
De acuerdo a tal propósito, principios y acciones previstas, las razones dadas por Javier May Rodríguez, director de Fonatur, sobre el desacato de la orden dada por un juez para frenar la construcción del tramo cinco del Tren Maya, son tan erróneas como serviles.
Salvo que las secretarías de Gobernación y Seguridad Pública hayan dispuesto dicha vía férrea para defendernos del ataque de algún país enemigo, ¿qué necesidad de seguridad nacional atiende el dichoso tren? Ninguna.
Caso distinto es el problema de la inseguridad. El asesinato de Éric Andrade, médico pasante agredido mientras realizaba su servicio social en El Salto, Durango, deja en claro que la erradicación de la violencia sí es un asunto de seguridad nacional impostergable.
Según la Ley General de Profesiones, el servicio social universitario busca que el estudiantado, en contacto con una realidad que está fuera del aula, descubra el sentido de su profesión mediante la atención de necesidades sociales que pueden satisfacerse mediante la aplicación de habilidades y conocimientos del área disciplinar.
Que no existan las garantías necesarias para que las y los jóvenes universitarios realicen el servicio social sin poner en riesgo su vida, además de impedir su formación integral, niega a la sociedad un servicio que el gobierno –por incapacidad y falta de recursos– hoy no puede satisfacer.
Usted dirá si esto es, o no es, un asunto de seguridad nacional.
Por Pablo Ayala
