El 30 de octubre de 2018, el priista Noé Castañón tomó protesta como senador frente a un nutrido grupo de legisladoras y a su ex esposa, Mayte López, quienes manifestaron su rechazo e indignación dadas las acusaciones de violencia familiar en su contra.
Un año después, ante la incorporación de Castañón a la bancada de Movimiento Ciudadano, la senadora Martha Tagle expresó su inconformidad y tuiteó: “A Mayte López, mi solidaridad. @noecastanonr se ha comportado como muchos hombres en situación de divorcio, con machismo y misoginia, no podemos permitirlo, ni normalizarlo. Independientemente de lo que resuelva el juez, la violencia de género es la constante y se debe sancionar”.
Durante más de cuatro años, el senador por Chiapas ha integrado las comisiones de Derechos Humanos, de Justicia y la que otorga la Medalla Belisario Domínguez; es decir, este senador ha opinado sobre a quién se le otorga el máximo galardón para las personas mexicanas más eminentes. Irónico.
Afortunadamente, en 2022, la justicia empezó a llegar a la familia de Mayte López. La magistrada Hortensia María Emilia Molina de la Puente, del 70 Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, ordenó el establecimiento de un régimen de convivencias inmediata entre la madre y sus tres hijos, donde el senador no pueda intervenir.
Lo anterior, con el fin de volver a crear y sanar el vínculo materno filial que está gravemente afectado por el daño psicoemocional sufrido tras seis años de estar separados.
Casos como el de Castañón dejaron de manifiesto que era necesario legislar para garantizar la idoneidad de las personas que aspiran a acceder a cargos públicos e incidir favorablemente en la ética pública y política, en beneficio de la sociedad en su conjunto.
La respuesta del Congreso de la Unión fue una reforma constitucional llamada “Ley 3 de 3 contra la Violencia”, la cual prohíbe asumir cargos en la administración pública a las personas que hayan sido sentenciadas por violencia sexual, por ser deudoras alimentarias morosas o por violencia de género como la violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, por violación a la intimidad sexual; o por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos.
En abril de este año, la minuta se remitió a las legislaturas locales. Contrario a lo ocurrido con la minuta de “Paridad en Todo”, en 2019, cuando la legislatura tamaulipeca, presidida por el panista Glafiro Salinas Mendiola, pasó a la historia como la única en no aprobarla, dejando un fuerte hedor a misoginia. En 2023, la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Tamaulipas, presidido por la diputada morenista Úrsula Salazar Mojica, fue la primera en aprobar la minuta de la 3 de 3 contra la violencia.
Sin duda, celebramos contar con una legislatura paritaria con perspectiva de género y con una diputada presidenta a la altura del momento histórico.
La reforma constitucional ya cuenta con la aprobación de más del 50% de las legislaturas locales; y se espera sea promulgada y publicada, a más tardar, el 2 de junio.
En las elecciones de 2024, gracias a las y los legisladores como Úrsula Salazar Mojica, ¡la 3 de 3 contra la violencia va!
