Prisión por 45 años y el pago de 420 mil pesos a la familia como reparación del daño fue la sentencia que recibió Alina, una mujer policía de 27 años que le disparó a su concubino, un policía en activo, luego de ser agredida y amenazada por él con un arma de fuego. Ella logró arrebatarle el arma y le disparó en reiteradas ocasiones.
A pesar de que Alina había presentado denuncias previas por violencia familiar, el juez de control determinó que había actuado en defensa propia, pero con exceso.
No obstante, su familia apeló la sentencia para que se considerara su estado mental como el de una víctima de violencia física, psicológica, moral y sexual, lo que se acreditó con los dictámenes de ley. Así, se argumentó que su instinto de supervivencia la llevó a actuar de esa manera en legítima defensa.
En segunda instancia, el caso fue analizado nuevamente y se determinó que las acciones de Alina fueron proporcionales, es decir, que no actuó con exceso. Las agresiones que había vivido junto a su concubino le hacían presumir que su vida estaba en peligro.
Brindar un marco legal que evite más casos como el de Alina en Tamaulipas requiere reformas, como la recién propuesta por la diputada Magaly Deandar Robinson, en la que se redefine la legítima defensa, especialmente en casos de violencia de género, incluyendo la violencia física, sexual y/o feminicida.
Asimismo, la propuesta establece que no se considerará exceso en la legítima defensa cuando la persona agredida sufra miedo o terror que afecte su capacidad para determinar el límite adecuado de su respuesta o la racionalidad de los medios empleados.
A nivel nacional, en enero de 2025 se registraron 19,295 delitos de violencia familiar y 53 feminicidios, de los cuales cuatro ocurrieron en Tamaulipas.
Los feminicidios en los municipios de Güémez y San Fernando los ubican entre los 20 municipios del país con mayores índices de feminicidios por cada 100 mil habitantes. En Tamaulipas, como en todo México, la violencia de género es una pandemia que no da tregua.
“No se considerará exceso en la legítima defensa cuando, al momento en que esta se concrete, concurran circunstancias en las que la persona agredida sufra miedo o terror que afecte su capacidad para determinar el límite adecuado de su respuesta o la racionalidad de los medios empleados”, es un fragmento de la propuesta de reforma al Código Penal para el Estado de Tamaulipas, a la cual se adhirieron 26 diputadas y diputados de las bancadas de Morena, Movimiento Ciudadano, PRI y Partido Verde.
Esta iniciativa de Magaly Deandar, aún en estudio, brindará herramientas legales para que quienes imparten justicia apliquen la perspectiva de género y un enfoque interseccional en casos donde las acusadas sean, a la vez, víctimas de violencia de género.
Esto permitirá aplicar una exclusión del delito para no penalizar a quienes, por instinto de supervivencia, se defiendan o defiendan a terceras personas.
Alina Narciso Tehuaxtle, condenada en 2022 por defenderse de su agresor, logró su libertad en 2023, tras más de tres años en prisión.
Por un Tamaulipas sin Alinas en prisión: que el instinto de supervivencia y la legítima defensa sean una opción de vida, no de prisión o muerte.
