Cuando la mitad de la población de un país sufre una misma situación desventajosa –en el caso de México, la pobreza–, el resto de sus problemáticas no son sino una repercusión de ese asunto lacerante que prohíja un sinfín de clivajes. Lo electoral no escapa a esta lógica y se decanta en una serie de cruces entre la situación económica y su impacto en el desarrollo –o involución– democráticos de México.
La encuesta denominada Latinobarómetro ha prendido desde hace años un foco de alerta en el sentido de que las sociedades del subcontinente van en decremento en lo que a apego a la democracia se refiere. El factor que con más frecuencia se señala como explicación a esta situación es la percepción de incompetencia de los gobiernos democráticos para generar buenas condiciones económicas para la ciudadanía.
El asunto es, de entrada, una falacia. El carácter democrático de un régimen no explica sus habilidades para generar bienestar económico a su población. Su carácter autoritario, en cambio, sí está íntimamente relacionado con su capacidad de crear y difundir narrativas a modo que den la impresión de que es hábil en ese (o en cualquier) terreno.
Por otro lado, esa perspectiva hace a un lado el verdadero sentido de las luchas democráticas en la región: su carácter libertario. Este asunto es particularmente riesgoso cuando vemos cómo, en nuestro país, los protagonistas de esas batallas comienzan a ser cada vez más pocos y menos activos políticamente fruto del natural recambio generacional: Ha llegado el momento en el que la gesta de la transición deje de ser parte de la narrativa cotidiana para ocupar su lugar en el imaginario colectivo y con ella esté sujeta, más que nunca, al riesgo de parecer lejana, insignificante y, en consecuencia, indigna de preservarse.
Además del desapego, la pobreza influye en lo electoral por la vía de un acceso desigual a la construcción de la agenda política. Pero de eso hablaremos en la siguiente entrega.
Politóloga*[email protected]
