Si usted es legislador o legisladora en una entidad pobre, de un país pobre, buscará cómo producir leyes que generen políticas públicas que les permitan a sus habitantes sobreponerse a esa situación. Si quiere que esas alternativas sean exitosas, impulsará la representación política de las personas de esos grupos desfavorecidos para que participen en el proceso de diseño e implementación de las soluciones a sus problemas. Si entre dichas personas hay algunas que se encuentran en un estado de particular pauperización, buscará desactivar los mecanismos sistémicos que les impiden acceder al poder, para garantizar que las personas que son pobres entre los pobres cuenten con una mayor capacidad de incidencia. Si usted fuera legislador o legisladora en una entidad así y fuera parte de los grupos más desfavorecidos, se sabría llamada a ver por los intereses de las personas a quienes representa.
Sin embargo, en México vivimos en el reino del absurdo. Permítame relatarle esta perla del surrealismo político. Oaxaca es una entidad que se integra por más de 250 municipios. Entre ellos, una amplia mayoría se rige por lo que se denominan sistemas normativos indígenas. Esto quiere decir, que la expresión política de su cultura y tradiciones se ha preservado como medio para la elección de sus autoridades. Esto, que es algo inherentemente bueno, trae aparejado un bemol, y tiene que ver con que dichas culturas y tradiciones no necesariamente incluyen la participación política de las mujeres, o por lo menos no en los niveles paritarios que se han alcanzado allí donde la vida electoral se desarrolla por la vía de los partidos políticos y las candidaturas independientes. Así, hay un reto muy importante en hacer convivir ambas situaciones y, sin lugar a dudas, se debe privilegiar el ejercicio pleno de los derechos. Por ello, la Legislatura anterior del Congreso local se había dotado en 2020 de un plazo perentorio que obligaba a garantizar que a más tardar en 2023 se lograra la transición de dichos sistemas a una observancia escrupulosa de la paridad entre mujeres y hombres. Pero el día de ayer, contraviniendo la obligación de que en el tema de Derechos Humanos solo es posible la progresividad, votaron por suprimir dicho plazo. Entre quienes lo hicieron, había diputadas indígenas mujeres. Entre quienes lo hicieron había diputados que habían votado favorablemente ese asunto en la Legislatura anterior, que ahora se desdijeron. El reino del revés.
Miriam Hinojosa Dieck
