El nombramiento a través del voto popular se ejerció durante más de un siglo y se consideró un medio efectivo para garantizar el respeto del pueblo a los juzgadores y a sus decisiones
Para continuar con el tema de las experiencias de elecciones de jueces en la historia de nuestro país, vale la pena recordar que la impartición de justicia ha sido una materia ligada desde antaño a los temas del orden, la seguridad, las comunidades y la voluntad popular.
Por ejemplo, desde 1782, cuando la antigua Ciudad de México fue dividida en cuarteles, se estableció la costumbre de elegir por cada uno de ellos a un “alcalde de barrio”, quien estaría a cargo de intervenir en crímenes menores y, al mismo tiempo, de cuidar el orden y el buen gobierno. La poderosa transformación que representó la Independencia no terminó con este sistema, sino que lo reforzó.
A partir de la promulgación de la Constitución de 1824 y ante la carencia de un tribunal de justicia para el recientemente creado Distrito Federal, las nuevas autoridades, entonces ya mexicanas, determinaron continuar con el sistema de los cuarteles y renombraron el antiguo cargo de “alcalde de barrio” como “juez menor”. A lo largo del siglo XIX su denominación varió y se llamó por etapas también “juez de paz”.
Sus funciones estuvieron relacionadas primordialmente con la solución expedita de los asuntos para evitar que se judicializaran y entraran en una ruta tortuosa en los juzgados de primera instancia, de ahí que tuvieran tareas relacionadas con la conciliación y la imposición de penas menores.
Estos jueces tenían un fuerte arraigo comunitario, eran elegidos entre sus vecinos y en ciertos períodos se trató de cargos honoríficos, que debieron durar solamente un año.
Su carácter de funcionario elegido por voto popular y la misma procedencia comunitaria de estos jueces menores o de paz supuso la descalificación por parte de la élite. Se decía que no tenían los conocimientos legales necesarios para integrarse al complejo sistema judicial, pero la respuesta que la propia sociedad dio fue la impresión de diversos manuales que se utilizaron para su formación. Nuestras actuales bibliotecas conservan algunos ejemplos como el “Novísimo Manual de Alcaldes y Jueces de Paz”, publicado por el famoso editor e impresor Mariano Galván en 1850, que buscaba informar y formar en materias civil, criminal y de buen gobierno.
Los jueces de paz comenzaron a distinguirse de los jueces menores a partir de la restauración de la República. Los primeros se encargaron de las tareas de policía y buen gobierno y, a partir del decreto del 20 de noviembre de 1882, se estableció la elección popular, cada dos años, de los jueces menores en la Ciudad de México, quienes serían elegidos por colegios electorales municipales el mismo día que se elegía al Ayuntamiento y que, como este, tomarían posesión el primero de enero del año siguiente. No fue sino hasta 1904 que los jueces menores dejaron de ser seleccionados por voto popular y comenzaron a ser designados por el Ejecutivo, de una terna presentada por el Tribunal Superior de Justicia.
La elección de los jueces menores por voto popular se ejerció durante poco más de un siglo y, aunque no estuvo exenta de vicisitudes, en todo ese tiempo se consideró como un medio efectivo para garantizar el respeto de la comunidad a las personas juzgadoras y a sus decisiones.
