En agosto de cada año se celebra en el mundo el día de la planificación familiar, que es el conjunto de prácticas utilizadas por una pareja orientada al control de la reproducción, con el objeto de decidir el número de hijos que desean tener, según las circunstancias personales. La planificación contempla también la educación sexual , la prevención y el tratamiento de enfermedades de trasmisión sexual, el asesoramiento antes de la concepción y durante el embarazo, así como el tratamientos para casos de infertilidad.
La planificación es un derecho humano que implica el que la pareja lleve una vida íntima segura.
En los años setentas, el censo arrojó alarmante índice de crecimiento poblacional, lo que llevó al gobierno a rediseñar las políticas públicas en materia de planificación familiar, con el objetivo de reducir la tasa de natalidad para abatir su crecimiento. La Iglesia Católica tuvo que mesurar en el ritual de matrimonio el mandato de tener los hijos que “Dios les envíe”.
Se establecieron acciones para mejorar la salud materno infantil, de tal manera que a partir de 1994 se asegura el ejercicio del derecho sexual y reproductiva.
Los servicio de salud buscan cubrir las necesidades del grupo adolescente, en cuanto se ofrece orientación para evitar un embarazo no deseado, mediante métodos anticonceptivos, pero la mayoría de los jóvenes no acuden a ella o la soslayan.
Las escuelas de enseñanza media también están abiertas para facilitar esa instrucción, pero ambas han fracasado en términos cuantitativos ante la realidad de la estadística.
En efecto, México registra la mayor tasa de natalidad en adolescentes, según la OCDE, quien informa de 62 embarazos de mujeres adolescentes por cada mil de ellas. En 2017, dos de cada 10 nacimientos han sido de mujeres menores de 20 años.
Ello genera un grave problema de salud en nuestra zona conurbada, donde se anotan alarmantes índices de madres menores de 18 años y hasta de niñas, con lo cual se arruina el futuro de cada una de ellas y acarrea un desajuste familiar y social.
La responsabilidad ante el problema en este contexto es de todos los adultos, especialmente de quienes tienen más relación con esta capa de la sociedad, empezando con los padres de familia, maestros, líderes sociales, religiosos y el personal de la Secretaría de Salud. _
