Solo con una reforma constitucional, la Guardia Nacional podría ser insertada en el Ejército Mexicano, ya que nuestra Carta Magna no puede ser vulnerada por ninguno de los instrumentos legales existentes, ni tampoco de las leyes secundarias del Poder Legislativo.
De tal forma, la iniciativa de decreto presidencial para que la Guardia Nacional sea una institución de carácter civil en el máximo cuerpo castrense de México, no podrá modificar ninguna de las leyes vigentes, porque las mismas lo impiden por los candados impuestos de los propios representantes populares.
No obstante que el propio presidente López Obrador fustigó siempre la actuación de la Guardia Nacional como cuerpo militarizado y en contra de los intereses de los mexicanos, el pasado martes anunció que para lograr esa transferencia, seguiría la misma ruta de la reforma eléctrica.
Es decir, enviará una reforma constitucional para dejar en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la decisión final, porque sabe que los legisladores de oposición no aprobarán su designio.
Y es que el Ejecutivo Federal persiste en imponer leyes a su arbitrio, a su muy personal voluntad, pese a que incluso en los 12 años que fungió como candidato a la Presidencia de México, se pronunció porque la Guardia Nacional permaneciera en sus cuarteles con el fin de que “México no se militarizara”.
Para darle fuerza a su propuesta, sin tomar en cuenta a la ciudadanía porque desea imponer su personal estilo de gobernar con medidas draconianas criticadas siempre por sus propios detractores, el mandatario enviará la iniciativa de reforma constitucional para la multirreferida adscripción.
No se requiere ser experto para saber que el bloque opositor no aprobará la citada propuesta. Y por tanto, debido a la moratoria constitucional, por ello realizará cambios a la Ley de la Administración Pública, ya que la misma requiere una mayoría simple, la que tiene Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión.
Con todo lo referido, la adscripción de la Guardia Nacional seguirá la misma ruta de la ley de la reforma eléctrica, rechazada por el Congreso de la Unión, pero que logró cambios puntuales con la Ley de la Industria Eléctrica, la cual fue validada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Cabe aclararse que la iniciativa de reforma para adscribir a la Guardia Nacional a la Sedena, todavía no es enviada y se prevé que en las próximas semanas llegue al Congreso de la Unión para ser discutida y dilucidada a partir de que inicie el periodo ordinario de sesiones, el próximo 1 de septiembre.
La modificación que el presidente López Obrador requiere de su propuesta de reforma constitucional establece que el artículo 21 de nuestra Carta Magna, “La Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional, cuyos fines son los señalados en el párrafo noveno de este artículo, la coordinación y colaboración con las entidades federativas y Municipios, así como la salvaguarda de los bienes y recursos de la Nación”.
El sobado discurso del presidente y en donde hoy esgrime la defensa a ultranza de su propuesta de decreto en la adscripción a la Guardia Nacional a la Sedena, advirtió que no quiere que la institución se eche a perder como aconteció en su momento con la Policía Federal,
Después de lo esgrimido por López Obrador, habrá de mencionarse que a partir del punto de vista jurídico, se ha generado un debate aún sin tener el documento preciso y que origina otra clara disposición de López Obrador para lanzar una cortina de humo, cuando sabemos que la galopante inflación amenaza ya la estabilidad económica de las clases más desprotegidas, a las que el inquilino de Palacio Nacional entrega de forma lastimosa y dramática todos los días, atole con el dedo.
Marco Antonio García Granados
