El pasado martes 26 de octubre se registró un accidente de tránsito con resultados fatídicos en Pachuca, en el cual una persona de la tercera edad perdió la vida a sus 81 años en el bulevar Felipe Ángeles de la capital hidalguense.
El adulto mayor fue embestido por un vehículo de carga al intentar cruzar la vialidad, provocando su muerte en el lugar según el reporte de las autoridades de seguridad y auxilio que arribaron al sitio, donde confirmaron la causa del deceso.
Sin embargo, a pesar de las causas que originaron su muerte –la cual se suma a la cifra alarmante de los más de 24 mil mexicanos que fallecen al año por motivos de inseguridad vial en México- las autoridades hidalguenses se han encargado de revictimizar a la persona fallecida y actuar de forma negligente, ya que según el comunicado que publicó la organización no gubernamental “Revolución Urbana”, las autoridades responsables del reporte de lo sucedido, señalaron que la muerte se dio por una enfermedad ajena a las lesiones por el accidente.
Según lo informado por la organización, con el dictamen el conductor será liberado sin más cargos, entorpeciendo o haciendo más complejo el proceso legal e impidiendo la transparencia y el castigo al conductor responsable de lo sucedido.
Motivo por el cual “Revolución Urbana”, y las personas que promovemos la creación de ciudades seguras para todas las personas, donde me incluyo, exigimos justicia y el esclarecimiento de este caso para evitar que quede impune.
Sin embargo, hay algo muy importante que mencionar respecto a lo sucedido, para lo cual aprovecho este espacio no solo para hacer un llamado a las autoridades de Hidalgo, sino a la sociedad en general pues la justicia de estos casos no llegará únicamente por hacer que las o los responsables de los hechos sean enjuiciados y se apeguen a lo que dicta la ley.
Sino que además, debe haber una verdadera reivindicación de nuestras calles y la forma en la que hemos construido las ciudades, pues sin la redistribución justa del espacio público, sin la creación de infraestructura que considere las necesidades de los usuarios más vulnerados de la calle y la pacificación de las vialidades al reducir la velocidad permitida (solo por poner un ejemplo porque faltaría mucho más por mencionarse), difícilmente se podrán evitar más muertes por siniestros viales en nuestras urbes.
Por eso mi llamado es a que no solo atiendan el caso y lo resuelvan en apego a la ley, sino que se haga justicia para él y para todas las personas a las que la inseguridad vial les ha arrebatado la vida, mejorando el entorno en que nos movemos, considerando las experiencias de los usuarios más expuestos: personas de la tercera edad, infantes, mujeres y personas con discapacidad.
Nuestras calles son espacios hostiles para todas y todos porque lo hemos permitido al ceder la mayor parte del espacio público a los vehículos automotores, lo cual ha expuesto a quienes no se mueven en ese medio a más peligros y violencias que ya no podemos seguir ignorando.
Es urgente que no dejemos de exigir justicia, no solo para quienes nos han sido arrebatados, sino para todas las personas que continuamos en el camino, quienes seguimos estando expuestas hasta que nuestras urbes sean dignas, justas y pensadas para todas y todos.
