Nadie tiene la menor duda de que el país requiere una reforma fiscal para fortalecer los ingresos públicos; en México la carga fiscal, en grandes números, es de las más bajas de los países miembros de la OCDE; sin embargo, el bajo porcentaje que se paga, sacando promedios, es muy engañoso, algunos tienen cargas elevadas y otros (la mayoría) no pagan nada.
A los políticos mexicanos no les gusta cobrar impuestos, y es lógico porque no es algo popular. Se exprimió a Pemex para no elevar la carga fiscal, pero no es la única distorsión, y es que la economía informal ha crecido de forma desproporcionada por falta de políticas públicas congruentes y ausencia de incentivos para el empleo formal. Aunque a lo largo de los años, la seguridad social ha generado aportaciones importantes, como alargar la esperanza de vida y reducir los índices de mortalidad infantil, deja mucho que desear en calidad y cobertura.
Lo mismo sucede con los programas de vivienda, de calidad educativa y en seguridad, cuyo índice está en su peor nivel de los últimos 70 años. A nadie le gusta pagar impuestos y menos cuando se quedan en la bolsa de políticos corruptos o ineficientes. A la población nunca se le ha dicho, de forma transparente, en qué se gastan sus impuestos, pero sí se da cuenta de los abusos y despilfarros de los gobernantes.
Me preocupa que la reforma fiscal, posible a fin de año, sea como las anteriores, que siguen recargándose en los causantes cautivos, en asalariados y en empresas. Es importante tomar en cuenta que en temas de ISR, México está por arriba de EU y también en impuestos a las empresas. Si la reforma fiscal no amplía la base de causantes, creará peores distorsiones; una reforma integral debe elevar los impuestos al consumo y no subirlos a la inversión y al trabajo.
El país necesita más inversión, por eso es fundamental generar incentivos. La salida está en subir el IVA, incluidos alimentos y medicinas, así se obligará a los informales a contribuir. Los trabajadores formales de menores ingresos tendrán que recibir un subsidio por la parte que perderán al pagar impuestos a alimentos y medicinas, y ese puede ser el primer incentivo para que la informalidad empiece a ser menos. El gobierno puede endurecer las multas a los empresarios que no cumplan con sus obligaciones de seguridad social; los empleados formales son más productivos que los informales.
Además, los enormes flujos adicionales que se generarán por este impuesto deben ayudar a mejorar los servicios médicos, de educación y vivienda que proporciona el Estado.
Para completar, se debe reducir la carga fiscal por productos del trabajo que ayudará a elevar el consumo, y reducir el ISR a las empresas que más invierten y con más contrataciones. Es un tema de ser creativos, que nada sea gratuito, pero que quien cumpla tenga compensaciones por sus esfuerzos. Tener una estructura fiscal que aliente la inversión y el consumo, en equilibrio con la seguridad social, es pensar a futuro. Si la reforma tiene como único propósito más recaudación, puede ser un verdadero fracaso.
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