La crisis hídrica que azotó a Nuevo León en 2022 no fue un episodio aislado ni una anécdota pasajera. Fue una advertencia brutal de que el cambio climático ya no es una amenaza futura, sino una realidad que nos pisa los talones. Aquella sequía nos dejó en claro que la gestión del agua en el estado no puede seguir siendo reactiva y que las soluciones urgentes deben ser estructurales.
El verano de 2022 pasará a la historia como uno de los más severos en materia hídrica. Las presas que abastecen al Área Metropolitana de Monterrey llegaron a niveles alarmantes. La imagen de La Boca, con menos del cinco por ciento de su capacidad, fue un recordatorio de nuestra fragilidad. Miles de familias pasaron días –y algunas, semanas– sin agua. En medio del desastre florecieron los conflictos políticos y sociales.
El Gobierno, en un intento desesperado por controlar la crisis, aplicó medidas de emergencia: redujo el suministro en horarios arbitrarios, amenazó con retirar concesiones de pozos a empresas y al sector agrícola, reparó fugas hasta la última gota y hasta echó a volar un avión para bombardear nubes, sin resultados. A esas alturas solo quedaba rezarle a San Isidro Labrador.
Pero a Dios rogando y con el mazo dando. Mientras en Nuevo León el sector industrial y las familias pagan los platos rotos, el problema del agua tiene una raíz más profunda. Según la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el 76.3 por ciento del recurso hídrico del país se destina a la agricultura, mientras que el abastecimiento público representa apenas el 14.8 por ciento. Es evidente que sin una modernización del sistema de riego, la crisis seguirá repitiéndose.
El doctor Manuel Perló Cohen, en su Estudio del Agua en México, advierte que el verdadero problema no es la sequía extrema, sino la mala administración del recurso. En la misma línea, el doctor Fermín Pascual Ramírez señala que el modelo de distribución agrícola sigue un calendario climático histórico que ya no responde a los cambios actuales en los patrones de lluvia. La solución, insisten los expertos, pasa por mejorar la gobernanza del agua, adoptar nuevas tecnologías y optimizar su uso de manera sostenible.
Nuevo León tiene un peso importante en la producción agrícola nacional: ocupa el tercer lugar en repollo, el sexto en papa, el tercero en mandarina y el quinto en naranja y toronja. Su clúster agroindustrial, con 63 empresas líderes en exportación de productos procesados, es clave en la economía del estado. Sin embargo, sin una estrategia coordinada entre Gobierno, agricultores e industria, la situación solo empeorará.
¿Una estrategia incompleta?
La semana pasada, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el programa Cosechando Soberanía, dentro del plan Sin Maíz No Hay País, con la promesa de fortalecer el campo y reducir la dependencia de importaciones. Pero la gran pregunta es: ¿Incluirá la modernización de los sistemas de riego? Porque sin un uso eficiente del agua, la autosuficiencia alimentaria será solo una ilusión.
Países como Italia y Japón han apostado por sistemas de riego inteligente que optimizan el consumo de agua y mejoran la administración de nutrientes en el suelo. Mientras tanto, en Nuevo León, proyectos como la presa Libertad y El Cuchillo II avanzan, pero sin estrategias claras para garantizar su abastecimiento. Así, la infraestructura sin gestión eficiente es solo un paliativo.
Es momento de que el Estado deje de ser un simple administrador de crisis y asuma un liderazgo real en soluciones hídricas. Escuchar a los expertos no cuesta nada; ignorarlos, en cambio, nos sale demasiado caro.